La ley póstuma

Se habían despedido sus señorías. Hasta hicieron acto de contrición en la sesión de cierre de una legislatura poco productiva. Pero un día antes del último pleno tuvo entrada en la cámara el proyecto de ley que el Gobierno había remitido para adaptarse al Real Decreto Ley que regula la nueva dimensión de las cajas de ahorro. Había un plazo, el de enero, pero el ejecutivo, empeñado en que hubiera otra materia para lucir el dudoso honor de ser los últimos de la clasificación, no lo tuvo en cuenta: dejar hacer, dejar pasar. La inhibición es de las que hacen época, agravada por la pretensión de tratar media docena de artículos, no más, y cuatro disposiciones transitorias, en un intento de salir del trance, cuanto menos se note mejor, quede el grueso para la próxima legislatura y lo que te rondaré morena.

No es que parezca, es poco serio. Endosar el pasotismo del ejecutivo a una asamblea legislativa que ya había dado por terminado su ejercicio activo era, además, una faena, sobre todo si se la quería despachar con un aliño en los que sólo reparan los tres o cuatro de siempre. Menos mal que el portavoz socialista, Francisco Hernández Spínola, planteó con sensatez y valentía el tratamiento de la norma al completo, esto es, el texto articulado en su conjunto, en una prueba clara de dignificar la institución parlamentaria, obligada a reabrir sus puertas para aprobar una norma de indudable importancia en un singular proceso contextualizado en el marco de una contracción económico-financiera que ha obligado a un redimensionamiento de estas entidades con tal de poder seguir compitiendo.

La alternativa de la oposición mereció la unanimidad -la responsabilidad, siempre ese sentido de los socialistas en los momentos más delicados- y el papelón será solventado con un trámite procedimental mucho más presentable: una ponencia y un pleno durante el presente mes para elaborar y aprobar el texto articulado de las cajas canarias, sobre todo para que nuestra comunidad no fuera la única que quedara sin regulación específica en una nueva realidad del sistema financiero.

La norma, recordemos, incidirá en la diferenciación básica para seguir funcionando: el negocio, la actividad financiera estará en los bancos resultantes de la fusión promovida; en tanto que la obra social, monte de piedad y la sede serán las materias que tendrán el adecuado tratamiento jurídico y la defensa de los intereses generales, argumento que sirve para eclipsar el planteamiento, más o menos verosímil, de superar el inconveniente de la edad de jubilación del presidente de la antigua CajaCanarias, cuyos órganos, por cierto, aún siguen pendientes de la segregación del negocio financiero a Banca Cívica.

Y es así cómo las puertas de la sede de Teobaldo Power volverán a abrirse para que un proyecto de ley de esta naturaleza -¿es que no importa el dinero de los impositores, es que se pueden tratar estos asuntos con tanta ligereza?- sea elaborado, debatido y aprobado como se merece. Con sentido global y no estilo compadre, además de luz y taquígrafos.

Menos mal que alguien salvó la dignidad de la institución para aprobar la ley póstuma de la legislatura.