Un magnífico titular: se destinan 6,1 millones de euros a la rehabilitación del Viera y Clavijo

Es casi la misma cantidad (5,9 millones de euros) que se asignó por el mismo concepto (año 2004, adenda 2006) cuando se firmó el convenio de cesión de esta propiedad municipal en favor del Gobierno de Canarias.

La entonces múltiple Consejería de Cultura, Deportes, Asuntos Sociales y Vivienda, como nueva gestora del Parque Cultural, tras una ostentosa ceremonia de inauguración y presentación triunfalista de un proyecto de futuro inmediato –según así consta en anuarios y hemerotecas–, optó por el desvío del total presupuestado a la rehabilitación del teatro Guiniguada de Las Palmas de Gran Canaria, con un éxito incuestionable y cotejable en la actualidad. Lo que supuso el inmediato abandono del inmueble tinerfeño (BIC declarado monumento), tapiado a cal y canto, con la aparente y sospechosa intención de que, con el tiempo, se vinera abajo y poder declararlo como ruina irreversible en un privilegiado espacio urbano de 32.000 m2. Sospechosa actuación tipificada en el Código Penal como “expolio de patrimonio por la Administración”.

El Ayuntamiento adoleció de una aparente falta de firmeza para exigir el cumplimiento del convenio al Gobierno Autonómico. Se limitó a una tardía, insuficiente y protocolaria demanda, vía contencioso administrativa, como para mantener el tipo ante la presión de la opinión pública; cuando lo conveniente era la exigencia, por otra vía más eficaz, de reparación por el daño causado al patrimonio, la indemnización correspondiente y la resolución inmediata por incumplimiento del convenio.

Llegados a este punto de buenas intenciones y aparente rectificación de tamaño despropósito, debemos esperar que ahora sí se cumplan la expectativas. Pero persiste la desconfianza. No en vano son demasiados años de dejadez e intentos de eludir responsabilidades disparándose culpas unos a otros; pero unos y otros en comandita para “a ver cómo salimos de esta”.

A fuer de realistas, resultan frustrantes las respuestas al requerimiento del proyecto inmediato, de cómo se contempla ocupar las instalaciones una vez restauradas y qué clase de órganos, funciones y actividades darán vida al entorno histórico, habida cuenta que deben ser obligatoriamente elementos dedicados a la enseñanza y a la cultura, con una vinculación específica al ámbito social y en beneficio de los intereses ciudadanos. Resulta que ¡¡¡ nadie sabe todavía qué se va a hacer ahí !!!... Después de una larga década de inanición, cuando ya entonces estaba todo diseñado y planificado, ahora hay que “actualizar” el proyecto; para lo que se iniciará un nuevo estudio de viabilidad e iniciativas que se desarrollará a lo largo de un año por un importe de 400.000 € extraídos de la partida asignada. De modo que se prevé un largo y penoso camino en una rehabilitación que se prolongará varios años más, cuando debiera ser tratada con carácter de urgencia, pues el tiempo corre en contra de la buena salud del inmueble cuyo progresivo deterioro, tras tantos años de abandono, puede abocarlo a una ruina irreversible…

No es temerario suponer que si en su día (año 2011) no hubiese surgido este movimiento popular, en nombre de la “participación ciudadana”, reivindicando la rehabilitación de esta joya de nuestro patrimonio histórico y cultural, hoy no se habrían dado estos vistosos titulares, porque discreta y subrepticiamente ya se habría eliminado el problema. Como a punto estuvo de suceder cuando en 2015, entre la Consejería responsable y Patrimonio del Cabildo, decidieron la demolición del teatro Pérez Minik como primer paso para arrasar paulatinamente el resto del conjunto BIC, edificio neogótico de 1902. Para evitar el disparate hubo que hacer intervenir a Fiscalía, con el apoyo documental del informe técnico de la Dirección General de Patrimonio Municipal que, en un detallado y excelente estudio, presentó un texto que contradecía punto por punto cada uno de los aberrantes párrafos ofrecidos por las citadas “vandálicas” instituciones que pretendían justificar un inexistente estado de ruina como pretexto para “meter la pala”. Por fortuna para ellos, Fiscalía los cortó en seco advirtiéndoles de las consecuencias penales en que hubiesen incurrido si llegan a cometer tal disparate.

Por cierto, y como detalle preocupante: Hace tres años desapareció la brillante y eficaz Dirección General de Patrimonio Municipal y fue sustituida por una Concejalía de Patrimonio. Con ello, tanto el profundo conocimiento técnico como el excelente trabajo desarrollado por el organismo suprimido, han desaparecido como único punto de apoyo válido para seguir defendiendo este maltratado enclave urbano. No obstante, Fiscalía dejó abierta la posibilidad de actuar ante futuros intentos al respecto. Seguiremos pendientes a pesar de que las medidas recién anunciadas puedan parecer satisfactorias aunque tardías. Demasiado espesas y lentas como corresponde a una burocracia poco recomendable para los intereses de los ciudadanos.

A pesar de todo, esperemos, por el bien de Santa Cruz, que por esta vez no se trate de una simple promesa electoralista.