Miedito

Finalmente el Parlamento de Canarias ha desatendido al mandato expreso del Estatuto de Autonomía que establece que en el plazo de tres años desde su entrada en vigor, todo lo referente al sistema electoral quedaría regulado por ley.

Las justificaciones que hemos venido escuchando por parte de los grupos parlamentarios para excusarse han tenido que ver fundamentalmente con la pandemia, asidero exculpatorio habitual de instituciones y entes gubernamentales, y del que la ciudadanía tiene sobrada experiencia cada vez que topa con la deficiente prestación de servicios públicos.

A pesar de que el propio presidente del Parlamento canario ha asegurado en más de una ocasión que se cumplirían los plazos y habría ley electoral en Canarias, después de treinta y nueve años de autonomía y cuarenta y cinco de democracia, la realidad es que el 6 de noviembre del 2021 seguiremos sin esa legislación fundamental.

Por tanto, la próxima ocasión en que los canarios acudan a las urnas -en menos de dos años-, se verán en la misma situación que en 2019, es decir, ante la regulación de las elecciones autonómicas por una norma transitoria, sujeta a la incertidumbre ocasionada por la interpretación que de diversos aspectos pudieran hacer los tribunales y la Junta Electoral de Canarias. Baste recordar el rocambolesco episodio de la articulación del voto a través de dos papeletas y dos urnas, asunto que requirió incluso de la intervención del Consejo Consultivo.

No solo se ha desaprovechado la oportunidad de fijar en el articulado de una ley lo que el Estatuto de Autonomía se encarga de acotar, sino que, además, se ha desperdiciado la ocasión de debatir con calma y solvencia -y ya sin la presión de tener que luchar contra el tabú de la triple paridad- una profundización en la mejora del nuevo sistema electoral estrenado por la ciudadanía canaria en los comicios de 2019.

Lejos de fragmentar la región y enfrentar a los ciudadanos de las distintas islas, el sistema de doble circunscripción ha dado lugar a una legislatura que ha gozado del periodo de tiempo más prolongado sin que se haya acudido -excepción hecha de la de algún recalcitrante histórico- al deplorable recurso del pleito insular. Tampoco ha supuesto ningún incremento de gasto como quisieron predecir los más obstinados enemigos del progreso democrático.

El nuevo sistema electoral fue la semilla sembrada para un futuro sistema que pretendía potenciar la representación global archipielágica del conjunto de la ciudadanía canaria, al tiempo que se seguiría asegurando la representatividad de los territorios por medio de las circunscripciones insulares.

No deja de ser chocante que siendo los grupos de Gobierno -la del líder socialista Casimiro Curbelo es la única excepción- los adalides de la reforma electoral promovida e impulsada por la sociedad civil organizada en torno a Demócratas Para El Cambio, al mismo tiempo hayan sido también los que hayan dejado morir este proyecto. Sus razones tendrán y serán ellos, PSOE, Podemos y Nueva Canarias, quienes tendrán que explicar a los ciudadanos, por qué no han hecho nada para evitar este vergonzoso acto de omisión. Quizá no se trate de miedo, pero es bastante aparente que al menos sí ronda entre ellos un cierto miedito.

A pesar de que en un encuentro al inicio de la legislatura con el presidente Matos, Demócratas Para el Cambio propuso como fórmula de trabajo más eficaz la constitución de una subcomisión dentro de la Comisión de Desarrollo Autonómico o, en su defecto, la constitución de un grupo de trabajo estable que permitiera a los partidos y a las organizaciones cívicas exponer líneas de avance y llegar a tiempo para cumplir con nuestro Estatuto, primero se diluyeron plazos y, después, como hemos indicado, se sucedieron una y otra vez los aplazamientos con el virus como pretexto. Por último, el presidente del Parlamento dio por suficiente una jornada para hablar en una tarde de un asunto que, si se quisiera acometer con seriedad y verdadera intención legislativa, habría llevado meses.

Demócratas Para El Cambio fuimos invitados y acudimos a esa jornada, no sin antes haberse producido un debate interno en la organización sobre la idoneidad de participar de un acto de bajísimo perfil y sin ninguna capacidad real de influencia. Lo hicimos para poder dejar constancia de la idea de progresión que pensamos debiera imprimirse a la ley electoral que finalmente se ha dejado arrumbada.

El sistema electoral de Canarias en novedoso en al ámbito nacional, pues permite conjugar dos objetivos: la necesidad de que los territorios poco poblados se vean representados en la Cámara; y la de que el conjunto de la ciudadanía también logre ese objetivo sin que se adultere la representación adecuada de los electores en su Parlamento. Para conseguirlo, la actual lista regional de 9 diputados debiera ampliarse al menos hasta 20 (nosotros proponemos que sean 21), y hacerlo con el trasvase proporcional y solidario desde las circunscripciones insulares, cediendo más diputados a la circunscripción autonómica las islas que más tengan en la insular. En todo caso, el mínimo de diputados por isla sería de 3, manteniéndose el mismo esquema de reparto de los 48 diputados insulares entre islas occidentales y orientales, entre islas pequeñas, medianas y grandes y entre las dos islas capitalinas. El Parlamento conseguiría así, por fin, un número impar de sesenta y nueve escaños y no se requeriría aumentar su tamaño. Además, y para impulsar y mejorar la presencia de diputados pertenecientes a circunscripciones pequeñas, la ley arbitraría un sistema de discriminación positiva por el cual, de los tres primeros puestos de cualquiera de las listas autonómicas, al menos uno de ellos se reservaría a un candidato proveniente de las islas pequeñas y otro de las islas medianas. En el segundo tramo de tres diputados, se reservaría también un puesto al menos a candidatos de las islas medianas. A partir del puesto número siete no habría exigencia de reservas.

Un sistema de esta complejidad no puede debatirse y exponerse a los grupos en una tarde. No obstante eso, dado que todo apunta a que no habrá muchas más oportunidades, creemos necesario darlo a conocer a los ciudadanos de las islas.

Además, proponíamos cambiar la fórmula de reparto de D ́Hondt por la más proporcional de Hare (considerablemente más proporcional); pero ni de esto -que en nada atañe al reparto de escaños-, han querido hablar los parlamentarios que han dejado de cumplir con su Estatuto.

Demócratas para el Cambio luchó once años por algo de lo que muchos nos querían apartar y obligar a bajar los brazos. Nos mantuvimos contra viento y marea en la posición, pues ceder hubiera sido, otra vez, ceder ante quienes quieren dirigir los destinos de la ciudadanía democrática sin contar con ella. Es momento de que otra generación tome el relevo y sea consciente de lo que se juega.

Estaremos siempre con la democracia y junto a los ciudadanos que quieran fortalecerla. 

Coordinadores de DPC

Vicente Mujica Moreno

Carlos Fernández Esquer

José Brito López

Luis Roca Arencibia

José M. Marrero Henríquez

Samuel Marrero Lorenzo

Manuel Rodríguez González

Gerardo Pérez Sánchez