El moderado Feijóo y el bloqueo de los órganos constitucionales


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Siempre he pensado que el milagro de la Transición, tan denostada por algunos, se debió al desconcierto de la derecha española. Entre otros múltiples factores, claro.

La desaparición física del general Franco y la de Carrero, que podría haber intentado la continuidad de la dictadura con los maquillajes imprescindibles, dejó en orfandad a los sectores de la sociedad española que se habían beneficiado del franquismo durante décadas.

En mi opinión, bajo ningún concepto habrían aceptado ni la cláusula del Estado Social, ni el derecho al autonomía de nacionalidades y regiones (Título Preliminar de la Constitución), ni tampoco una declaración de derechos como la que contiene el Título I de la Constitución.

Por eso, desde que recompusieron su representación política (su “terminal”) a través del PP de Aznar, aprovechan cada circunstancia propicia para reconducir nuestro sistema de convivencia y de gobierno, fruto del Pacto Constitucional, a lo que les habría convenido en la desembocadura del franquismo. Y  para más INRI, disfrazados de “constitucionalistas”.

Las pruebas, más que indicios, son palpables.

El diagnóstico y la terapia económicamente contraproducente y profundamente antisocial con la que gestionaron la crisis desencadenada en 2008, al socaire de la hegemonía conservadora en la UE. El recorte de libertades (Ley Mordaza) inevitablemente aparejado a la merma de los derechos sociales y laborales. La utilización del poder estatal para perseguir a sus adversarios políticos y para tapar la corrupción fueron la guinda de toda esta pulsión involucionista.

Estos días, con un descaro sólo comprensible en la estela de una cultura impregnada de hipocresía y autoritarismo, intentan acusar al Gobierno exactamente de lo que ellos han practicado con la mayor naturalidad. El editorial de una de la “terminales” mediáticas  de esos poderosos e insaciables sectores ayer resumía el cuaderno de guerra con el que el PP de Feijóo, del de Casado, del de Aznar… del PP de siempre se maneja cada vez que pierden el poder: degradación de la democracia, “aquelarre de gasto público”, “precarización de servicios”, “recorte de las libertades”, “adulteración de los principios constitucionales” y “ocupación e instrumentalización de los organismos públicos”. El mundo al revés.

Estos “constitucionalistas” son los que no han tenido el menor reparo en pervertir el Estado de las Autonomías por mera estrategia partidista, escalonando la convocatoria anticipada en Castilla-León y Andalucía para presentar sus resultados como el preludio del de las elecciones generales.

El derecho al autogobierno consiste primordialmente en disfrutar de un proceso político propio cuyo desenvolvimiento y cuya legitimación en las urnas debe obedecer a su propia lógica interna. 

Era la inestabilidad política lo único que podía justificar jurídica y políticamente el ejercicio de la prerrogativa presidencial de disolución anticipada, que junto a la moción de censura constructiva forma parte de las reglas básicas de nuestra democracia representativa: el parlamentarismo racionalizado para garantizar su estabilidad y su eficacia a la hora de abordar los problemas y las expectativas de la ciudadanía. ¿Eran acaso inestables los gobiernos andaluz y castellano y leonés?

¿Tendrán algo que ver esos patentes episodios de manipulación política con la “ocupación e instrumentalización” de los organismos públicos de la que acusaba al gobierno presidido por Pedro Sánchez el montuno editorialista en “Feijóo, el cambio razonable y necesario”?

El bloqueo

Mayor y más grave quebrantamiento -eso sí, de cuello blanco- contra el orden constitucional no se despacha que el bloqueo de la renovación del Consejo General del Poder Judicial y todo lo que ello implica.

Con el ordenamiento jurídico en la mano, tanto el CGPJ  como el Tribunal Constitucional, y las mayorías que determinan la política de nombramientos judiciales  en un caso y la interpretación de la Constitución en el otro, la legitimidad para ejercer sus trascendentales funciones caduca al terminar el período para el que fueron elegidos sus miembros.

Esa legitimidad, en nuestro sistema, viene avalada por la de los órganos de representación popular, especialmente por la de las Cortes Generales, representación de la soberanía popular en la que reside el fundamento democrático de los poderes del Estado, y por la del Gobierno que refleja la mayoría parlamentaria. 

Mediante el bloqueo de la renovación de estos órganos, el PP viene proyectando más allá del tiempo constitucional la mayoría de la que disfrutó en la legislatura en la que se efectuaron los nombramientos de quienes hoy determinan las mayorías en el órgano de gobierno de los jueces y en la del máximo intérprete de la Constitución.

El bloqueo protagonizado por quienes un día sí y otro también reparten credenciales de constitucionalismo y sambenitos de “golpistas”, “herederos-de-eta”, chavistas...por doquier, es de por sí gravísimo; pero su gravedad es si cabe incrementada por los fines que  persigue: determinar la composición de los más altos tribunales, tarea a la que se prestaron con fruición determinados componentes del CGPJ con su mandato ya vencido, hasta que los paró en seco una ley que lo único que hizo fue obligarles a cumplir un principio generalmente aceptado en la cultura jurídica y política de los pueblos civilizados: el de que quien está en funciones no puede tomar decisiones relevantes, sino ocuparse de mantener las constantes vitales de la institución.

Y tratar de mantener la mayoría conservadora del Tribunal Constitucional ante asuntos tan delicados como la tantas veces aplazada sentencia sobre la Ley del Aborto.

Este es un tema delicadísimo. Si un Tribunal Constitucional con una mayoría conservadora prorrogada  artificial e inconstitucionalmente, y por lo tanto contaminando al propio Tribunal de falta de legitimación, se atreve a declarar inconstitucional la “ley de plazos”, cuya regulación coincide en su espíritu y casi en su texto con la de la ley que confirmó el Tribunal Supremo de los Estados Unidos en el caso Roe vs. Wade (1973), recientemente revocada por un Tribunal Supremo de mayoría ultraconservadora (caso Dobbs vs. Women´s Health Organization)  -pero en plenitud de ejercicio de sus atribuciones, al contrario que nuestro TC-, la sociedad española se verá abocada a un conflicto de imprevisible trascendencia política.

Y a unas injustas consecuencias sociales que los jueces Breyer, Sotomayor y Kagan subrayaron en su voto particular contra el criterio de la mayoría ultraconservadora: 

“En los Estados que prohíben el aborto, las mujeres con medios podrán seguir viajando para obtener los servicios que necesitan. Son las mujeres que no pueden permitírselo las que más sufrirán”.

Y el moderado Feijóo callado; porque depende tanto de la extrema derecha sociológica para lograr sus expectativas de poder que no se atreve a dar la orden de retirar el recurso de inconstitucionalidad presentado por el PP ¡en 2010!  contra una regulación de la interrupción del embarazo durante las 14 primeras semanas, el primer tercio al que se refería la derogada ley norteamericana, a pesar de que no se atrevieron a derogarla durante los años de mayoría absoluta de Rajoy. Ni se puede servir al mismo tiempo a Dios y al príncipe de las tinieblas, ni disfrazarse de centrista y representar a la vez a la extrema derecha.

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