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¿Deportar menores? Una advertencia

Los Servicios de Emergencias reciben a varios migrantes a su llegada al puerto de La Restinga

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“Con lo que está ocurriendo en África no va a haber ni muro ni mar que consiga parar la esperanza que tiene esa gente que huye del hambre y de la muerte para buscar un futuro mejor para ellos y para sus familias” (F. Clavijo dixit)

Debe ser de las pocas afirmaciones que haya dicho Clavijo con las que estoy casi plenamente de acuerdo. Sólo cambiaría lo de esa gente, por personas que huyen…, y añadiría África devastada y saqueada por el colonialismo y el neocolonialismo.

Espero que tanto las afirmaciones humanamente aberrantes de la presidenta del Cabildo de Tenerife, como el resto de las afirmaciones de Clavijo, realizadas en la inauguración de nuevas instalaciones para la importación de vehículos y no donde debiera: la tribuna del Parlamento de Canarias, no acaben en deportaciones de menores inmigrantes a países terceros. Ni siquiera en la intentona de hacerlo, porque Canarias no tiene competencias al respecto.

Porque si eso ocurriera u ocurriese, aunque sea en grado de tentativa, algunas personas -como yo-  activaremos nuestros modestos conocimientos jurídicos para impedirlo. Con las armas del Estado de Derecho.

Primero, porque muchos canarios no nos sentimos en absoluto representados por estas actitudes y ticks ultraderechistas de una ATI que, en realidad, nunca dejó de tener ese componente sociológico  y los correspondientes apoyos electorales…hasta que surgieron Vox y su nueva variante genética.

Por eso, especialmente por eso, ATI nunca ha dejado de hacer guiños xenófobos en cada uno de los episodios de intensos flujos migratorios. Más que por su dependencia del PP, que también, compite con Vox a la desesperada en las Instituciones. Es una dependencia directa ATI/sectores ultraderechistas de Tenerife, porque -como el PP en la elecciones generales- sabe que no puede ser fuerza más votada si no logra acaparar todo el voto desde el centro derecha hasta la extrema derecha. Y lo saben. Mejor que yo. Y mira que los conozco.

Segundo, porque España está vinculada por los Tratados y Convenios Internacionales sobre derechos civiles y derechos del niño ratificados por nuestro país, que forman parte de nuestro ordenamiento jurídico (Constitución Española, artículo 96).  Y, además,  la  propia Constitución Española (artículo 10.2) nos obliga a interpretar y a aplicar las normas relativas a los derechos fundamentales de conformidad con los tratados y acuerdos internacionales ratificados por España.

La Convención Internacional de los Derechos del Niño, de 20 de noviembre de 1989, ratificada por España (BOE de 31 de diciembre de 1990), nada más abrirla (Principio 1) y el Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos (instrumento de Ratificación, BOE 30 abril de 1977), artículos 2.1 y 24,  establecen que cada uno de los Estados que sean parte se compromete a garantizar los derechos reconocidos en dichas Convención y Pacto a todos los niños (que es de lo que estamos hablando ahora) que se encuentren en su territorio y estén sujetos a su jurisdicción  -que es jurisdicción del Estado y no de las comunidades autónomas- sin distinción de raza, origen nacional, nacimiento o cualquier otra condición social. En particular a “todo niño” (artículo 24 del Pacto de Civiles y Políticos) sin excepción ni distinción o discriminación alguna.

Estamos hablando, pues, de derechos fundamentales cuya razón de ser es la igual dignidad de la persona humana consagrada en la Constitución (art. 10.1), como “fundamento del orden político y de la paz social”. Esa dignidad que algunos y alguna no quieren reconocer a los seres humanos pobres y de piel oscura, a los que sólo se les aceptaría como antaño si vinieran  encadenados en las bodegas de los barcos esclavistas.

Y tercero, porque el Código Penal tiene, entre los delitos contra los derechos fundamentales, el tipificado en su artículo 511.1 (y 511.3 en el caso de funcionarios y autoridades), que sanciona a quienes denieguen una prestación a la que tenga derecho a una persona por razón de su raza o su origen nacional.

Dice el dicho que “el que avisa no es traidor”. Pues esto es un aviso. Y soy una gente bastante previsible.

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