Multiplicar los esfuerzos en vivienda

El acceso a una vivienda digna es un derecho incumplido para una parte importante de la población. Lo complica el hecho de que Canarias haya estado, hasta 2019, una década sin políticas públicas de vivienda. Además, los esfuerzos que se han venido realizando en esta legislatura se han visto limitados por la pandemia, el volcán y la actual crisis de precios. Así como por los problemas derivados de la ausencia de planificación urbanística y la falta de suelo para construirlas. Estamos en un marco complejo, con un relevante incremento poblacional en las Islas, con un mercado cada vez más tensionado, alquileres más caros, menos viviendas en el mercado, el aumento del alquiler vacacional en muchas zonas de Canarias y, además, el incremento de la compra de viviendas por extranjeros que eleva más los precios.

Pese a ello, considero que se han producido avances, aunque insuficientes, en estos complejos cuatro años. En primer lugar, respecto al compromiso del Gobierno de Canarias con la inversión y la dotación de más recursos en materia de vivienda. El Instituto Canario de la Vivienda (ICAVI) tiene en los Presupuestos de la Comunidad Canaria para el año 2023 el récord histórico de inversión: 150,9 millones de euros, duplicando los recursos que se invertían en 2018 (76,7). De ellos, 72,4 millones corresponde a promoción de nueva vivienda-vivienda protegida; 21,8 millones son para rehabilitación de viviendas y edificios (renovación y modernización del parque público); y 35,6 se destinan a ayudas al alquiler. Ha habido un gran esfuerzo presupuestario, pero ha faltado suelo y mayor agilidad en la gestión.

Plan Canario

Canarias cuenta, por fin, con un Plan Canario de Vivienda para el periodo 2020/2025. El anterior era el 2009/2012. Un Plan que incluye los objetivos del Pacto por la Vivienda Digna en Canarias, suscrito y apoyado ampliamente por más de 30 colectivos sociales, empresariales, profesionales, institucionales y partidos políticos en marzo de 2020. El Plan tiene una hoja de ruta clara y ha sido pactado y consensuado. Cuenta con una financiación que alcanza los 664 millones de euros. Y recoge medidas realistas, necesarias y viables para responder a una de las mayores necesidades vitales: el derecho a vivir en una vivienda digna. Este Plan ha tenido solo dos años para su desarrollo, marcados por circunstancias excepcionales, la pandemia y el volcán. Realidades sobrevenidas que han trastocado la vida y las agendas de la administración.

Entre sus ejes estratégicos destacan garantizar el acceso a la vivienda a través del alquiler social: más ayudas, agilizar los procedimientos, acceso al parque privado vacío…. Así como modernizar el ICAVI para lograr tramitaciones más rápidas; fomentar el acceso a la vivienda de promoción pública, aspecto en el que menos se ha podido avanzar; la rehabilitación, mejorando las condiciones de vida con criterios de ahorro energético, que es donde se han logrado mayores éxitos; con programas reconocidos y premiados a nivel estatal, como el de rehabilitación integrada que el ayuntamiento de Telde ha desarrollado en Jinámar, favoreciendo la cohesión social y territorial.

Es preciso implementar numerosas medidas para avanzar en el derecho a una vivienda digna. Desde Nueva Canarias apostamos, en primer lugar, por la construcción de vivienda protegida diseñando un mapa de viviendas a construir territorializado: detectando el suelo ya disponible y que cada administración construya y promueva en su propio suelo. Esto eliminaría las cesiones de suelo a la Comunidad Canaria, que tanto retrasan los proyectos. Pretendemos atender a las 18.000 demandantes de vivienda, priorizando a los colectivos más necesitados.

Además, nos parece muy relevante la descentralización de las políticas de construcción de vivienda. Debemos analizar los cambios precisos para agilizar los procedimientos administrativos. Con una estructura administrativa bien dotada para la redacción de proyectos, licitación, contratación y posterior ejecución, que con plazos cortos sea capaz de promover la construcción de vivienda. Sabemos que VISOCAN puede hacerlo, porque ya lo ha hecho en distintas etapas. Planteamos firmar acuerdos con las corporaciones locales para que sean ellas las que construyan: empresas públicas en ayuntamientos y consorcios de vivienda en cabildos. Y una adecuada colaboración público-privada, con organizaciones empresariales del sector que han demostrado que están plenamente dispuestas a implicarse.

Por otra parte, nos parece clave reforzar el sistema de ayudas al alquiler, que es uno de los temas que mejor ha funcionado, y que en la convocatoria 2022-2023 alcanzará a más de 8.600 familias canarias. Resulta imprescindible para la vivienda y es muy potente en muchos estados europeos; lo seguiremos haciendo mediante una financiación estable y permanente y centrada en el alquiler, no solo a los colectivos especialmente vulnerables, sino a jóvenes, y a familias y personas con ingresos, pero insuficientes para acceder al mercado libre.

Queremos reforzar los Planes de Emergencia Social: potenciar y ampliar el programa Canarias PROHOGAR: destinados a la población más vulnerable, a la que se encuentra en riesgo de ser expulsada de su vivienda por no poder afrontar el alquiler o en proceso de ejecución hipotecaria. Se requieren medidas que contemplen la situación de las mujeres víctimas de violencia de género, tal como se establece en la normativa vigente. Sabemos que el trabajo con la ONG Provivienda es positivo, pero es insuficiente. No hay vivienda disponible en todos los municipios y menos aún en los más poblados, donde hay mayor necesidad.

Potenciaremos, igualmente, las viviendas colaborativas. El progresivo envejecimiento de la población canaria hace que comiencen a aparecer otros modelos habitacionales- ya existentes en países nórdicos o en el País Vasco- como es la vivienda compartida. Esta iniciativa no sólo aliviaría la presión presente y futuro de nuestro sistema sociosanitario, sino que permitiría a los mayores compartir vivienda y no vivir en soledad. Este modelo tendría como valor añadido el dejar las viviendas originarias libres y aumentar la oferta en el mercado.

Otros objetivos son implementar incentivos fiscales que estimulen a los propietarios a alquilar y a bajar el precio de los alquileres. Los ayuntamientos pueden implicarse, por ejemplo, bajando el IBI a propietarios que coloquen sus casas a disposición de una bolsa de viviendas sociales. También hay que plantearse establecer límites a los precios de los alquileres, especialmente en zonas tensionadas con precios desorbitados que impiden el acceso a la vivienda.

Por último, hay que buscar mecanismos que limiten la adquisición de viviendas por extranjeros no arraigados en las Islas, conforme a la legislación estatal y europea; lo que no resultará nada sencillo. Se trata de un fenómeno que se viene produciendo en distintos lugares del mundo y que distorsiona el mercado, dificultando aún más el acceso a la vivienda a la población residente. Nueva Zelanda comenzó a tomar decisiones restrictivas para evitar la especulación y proteger a su población local. El primer ministro canadiense, Trudeau, también lo viene planteando. Según recientes datos del Ministerio de Transporte, Movilidad y Agenda Urbana, Canarias fue en el tercer trimestre de 2022 la segunda comunidad en compra de viviendas por extranjeros, con 2.808 operaciones, de las que 1.332 corresponden a extranjeros residentes y el resto, 1.676 a no residentes.

En definitiva, la vivienda debe ser uno de los ejes estratégicos del próximo Gobierno de Canarias. Con más recursos, mayor papel de las administraciones locales, más agilidad en la tramitación, más ayudas al alquiler, más rehabilitación y mayor colaboración público-privada. Desde el convencimiento de que se trata de un elemento sustancial para desarrollar una vida digna. Canarias tiene competencias plenas en vivienda. Debemos declarar la construcción de vivienda protegida como un asunto de Interés general y eliminar los obstáculos en materia de planeamiento y urbanísticos que pudieran existir, cambiando la ley del suelo si fuera necesario para este fin. En materia de vivienda, en la próxima legislatura hay que multiplicar los esfuerzos de todas las administraciones desde su consideración como una política social absolutamente prioritaria.