Un nuevo Estatuto político para Canarias

Un naufragio del que son corresponsables los dos grandes partidos estatales, PSOE y PP, que se posicionaron en función de su nivel de implicación con el Gobierno canario, según estuvieran en la oposición o no; y, especialmente, ATI-CC, que lo sacrificó a costa de asegurarse lo que más les preocupa: su permanencia en el poder. Y que ahora tiene el problema añadido de su estrecha alianza con el PP, la formación más centralista y de menor vocación autonomista, que no está dispuesta a apoyar nuevas reformas y que preferiría, incluso, un recorte de los estatutos ya aprobados.

Mientras otras comunidades consiguieron culminar ese proceso de reformas estatutarias (Cataluña, Andalucía, Baleares, Aragón, Valencia, Castilla León y Castilla La Mancha), Canarias no lo logró como culminación de un proceso fallido desde sus inicios.

Un proceso marcado por un texto inicial carente del imprescindible debate y apoyo social; y, también, por un escaso consenso político y parlamentario, del que son responsables ATI-CC, PP y PSOE, que han utilizado el Estatuto y su reforma en base a sus estrechos intereses partidistas, de sus estrategias políticas, y en ningún momento en función de los intereses de Canarias, de los intereses de sus ciudadanos y ciudadanas. Todos estaban más interesados en arrinconar al contrario que en sacar adelante un buen Estatuto.

En su momento, criticamos desde NC esos errores en las formas, así como defectos en los contenidos, entre ellos el mantenimiento de los desequilibrios institucionales, la disparatada definición político institucional de Canarias (“archipiélago atlántico y ultraperiférico”) o el error que suponía dejar una parte substancial de la estructura competencial fuera del Estatuto, al incluirla en una ley complementaria, la LOTRACA, que no se iba a tramitar paralelamente, quedando al albur de los vaivenes políticos y, por tanto, sujeta a todo tipo de recortes.

Más competencias

Tras ese rotundo fracaso corresponde ahora, en esta nueva legislatura estatal, reclamar un estatuto político para Canarias en el marco de esa segunda generación estatutaria. Y creemos que hay que hacerlo sin repetir los graves errores anteriores. Es decir, consiguiendo en esta ocasión el máximo apoyo político y social, incorporando el máximo de competencias e incluyendo aspectos tan esenciales como el equilibrio institucional y la reforma del injusto sistema electoral canario.

Respecto al ámbito competencial, insistimos en la necesidad de una mejor definición territorial de Canarias, en la que se añada a los territorios insulares el mar que los conecta y el espacio aéreo correspondiente. Igualmente, que se definan las competencias sobre los espacios marítimos y sus fondos, comprendiendo las aguas interiores, el mar territorial, así como la Zona Económica Exclusiva, con la delimitación de la mediana de acuerdo con la legislación española e internacional en esta materia.

Igualmente, consideramos esenciales las competencias en gestión de puertos y aeropuertos, así como del transporte aéreo interinsular; y exigimos la delimitación y gestión del espacio radioeléctrico de la Comunidad Canaria. Asimismo, consideramos que el Estatuto debe dar plena cobertura a una policía integral canaria, con funciones en seguridad ciudadana, tráfico, vigilancia y control de la normativa autonómica. Así como la creación de una Agencia Tributaria Canaria que recaude todos los impuestos estatales y autonómicos, directos e indirectos, en el Archipiélago. Por otra parte, también reclamamos que competencias exclusivas del Estado puedan ser asumidas de forma delegada, para su mejor gestión, caso de servicios de sanidad exterior, en especial el control fitosanitario en nuestras fronteras sobre los productos y mercancías de importación.

Para afianzar los equilibrios entre las Islas, defendemos que el Estatuto garantice la condición de doble capitalidad, creando una sede del Parlamento canario en Las Palmas de Gran Canaria, cuyo funcionamiento atenderá al principio de alternancia entre ambas capitales por períodos legislativos, coordinadamente con la alternancia en la sede del presidente del Gobierno. Y, al tiempo, que las islas no capitalinas cuenten con Oficinas Parlamentarias que faciliten el acceso de sus ciudadanos a sus representantes.

Sistema electoral

Asimismo, planteamos cambiar el injusto sistema electoral canario, el más restrictivo de cuantos existen en las comunidades autónomas, con mínimos del 6% archipielágico y del 30% insular para acceder al Parlamento, frente al 5% que se exige para cabildos o ayuntamientos o el 3% para el Congreso, lo que impidió el 27 de mayo que más de 150.000 canarios obtuvieran representación en nuestro Parlamento. Consideramos de una gran trascendencia democrática su reforma, porque es la única manera de garantizar el pluralismo, reduciendo el peso territorial e incrementando el de los ciudadanos y ciudadanas. Ante los intentos de bloqueo de ATI-CC y PP, la única manera de garantizarlo es que el Estatuto recoja la disminución de los topes, reduciendo los porcentajes de acceso al 3% en el ámbito canario y al 5% en el insular; aumentando el actual número de diputados y distribuyendo esos nuevos escaños entre las islas que más han crecido en habitantes.

Esas son algunas de las líneas del nuevo Estatuto político para Canarias que defendemos; lo hacemos con la intención de incrementar el autogobierno para mejorar la calidad de vida de los hombres y mujeres de esta tierra, para avanzar hacia una Canarias más desarrollada, justa y equilibrada.

*Presidente de Nueva Canarias

Román Rodríguez*