Presupuestos canarios: propaganda y realidad

Los presupuestos de la comunidad canaria para el año 2019 resultan muy decepcionantes. Constituyen una oportunidad perdida. No se aprovecha el incremento notable de los ingresos procedentes del Estado al realizar paralelamente un menor esfuerzo en los provenientes de Canarias. Lo que implica que los grandes servicios públicos -especialmente la sanidad y la educación- no dispongan de las partidas necesarias para superar su actual situación, que los sitúa a la cola de las comunidades autónomas.

Somos conscientes de que se encuentran condicionados por la Ley de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera y, por tanto, sujetos a la regla de gasto; que limita la capacidad de gasto público y que Nueva Canarias (NC) está promoviendo su modificación en las Cortes Generales. En ese marco, a sabiendas de sus consecuencias, el Gobierno canario ha tomado decisiones que constriñen aún más las posibilidades del presupuesto.

Es cierto que contamos con mayores ingresos del Estado, gracias a los acuerdos establecidos con el Gobierno central en los presupuestos estatales de 2017 y de 2018, que permiten separar los recursos del Régimen Económico y Fiscal (REF) de los de la financiación autonómica, en los que Nueva Canarias jugó un papel decisivo, y que nos acercan a la financiación media de las comunidades autónomas de régimen común. Esto hace que en 2019 Canarias disponga de 600 millones de euros adicionales para los servicios públicos. A los que se suman, otros 500 millones procedentes de distintos convenios y las partidas pendientes para la lucha contra la pobreza.

Respecto a los ingresos propios, el Ejecutivo canario implementa medidas que suponen dejar de recaudar unos 150 millones de euros el próximo año. Lo que, en cumplimiento del artículo 12.4 de la ley estatal de estabilidad, obliga a detraer una cantidad igual del gasto público autorizado a la comunidad canaria.

Crece sólo un 6,6%

Por ello, el presupuesto crece sólo un 6,6%, la mitad que el del actual ejercicio económico, que lo hizo un 12,1%. No permitiendo afrontar los grandes retos del Archipiélago al introducir el Gobierno canario y sus apoyos parlamentarios rebajas fiscales irresponsables que apenas benefician a la ciudadanía y a las empresas, pero que impiden que la sanidad y la educación o la lucha contra la pobreza, entre otras políticas sociales, mejoren su actual y claramente insuficiente financiación.

Algunas de esas rebajas fiscales, anunciadas de forma rimbombante, son las referidas a la energía eléctrica. Un total de 12 millones de euros menos de ingresos para las arcas públicas, para 1,2 millones de beneficiarios. Es decir, supondrá para las familias una rebaja aproximada de un euro al mes. Contribuirán a que algunas empresas paguen menos por su tarifa eléctrica. Y supone entrar en una grave contradicción con las medidas que distintos países vienen planteando para combatir el cambio climático, que penalizan los consumos contaminantes y los consumos excesivos. Aquí se hace justo al revés.

Frente a esta posición, Nueva Canarias ha venido defendiendo una fiscalidad auténticamente progresiva. Rebajando impuestos a las rentas bajas y a los consumos básicos, y proponiendo incrementos a las rentas altas y consumos de lujo. Haciendo que se pague el impuesto de Patrimonio y Sucesiones en determinados tramos, los más altos. Incrementando los tipos del IGIC a productos de lujo. Y con la implantación de la tasa turística. Sería una situación mucho más justa y, al tiempo, dispondríamos de más ingresos.

De esta forma, se podría mejorar sustancialmente la atención a los servicios públicos. Así como abordar problemas de enorme impacto social, como la pobreza que afecta a una parte significativa de la población de las Islas y las dificultades de acceso a la vivienda para decenas de miles de familias.

Las frivolidades cometidas en el capítulo de ingresos tienen consecuencias muy graves en los servicios públicos. Si el global del presupuesto para 2019 crece un 6,6%, la media del gasto de los tres servicios públicos esenciales es de un 4,5%, es decir, dos puntos menos que la media del gasto total.

En el caso de la sanidad, con un aumento del 2,6%, cuatro puntos menos del global del presupuesto canario, una subida de 77 millones de euros, de los que 71 millones de euros se dirigen al capítulo I, a personal. Lo que dificultará afrontar los grandes retos de un sistema que continúa causando quejas permanentes de profesionales y usuarios.

Pobreza, cero euros de incremento

Educación incorpora apenas 67,5 millones de euros de fondos propios, de los que 58 millones de euros son para personal. El aumento, un 4,1% con respecto al anterior ejercicio, está por debajo del 5% que lo hizo este año. Incluyendo las partidas del Plan de Infraestructuras Educativas, 42 millones de euros, procedente del Estado, no llega al 4% del PIB -como se comprometieron todos los grupos parlamentarios, también CC, PP y ASG, que han manifestado su apoyo a estos presupuestos. Pone aún más difícil, casi imposible, el cumplimiento de la Ley Canaria de Educación, que establece una inversión del 5% del PIB en el año 2022.

En ambos casos, el de la sanidad y el de la educación, los crecimientos se producen fundamentalmente en el capítulo I, el de personal, por el aumento de la masa salarial, la carrera profesional y la incorporación de sexenios, sin que ello suponga nuevas contrataciones de forma significativa, a pesar de los déficits de las respectivas plantillas con relación a la media estatal. Cuando estos déficits condicionan la calidad del servicio que prestan a los usuarios y las condiciones laborales de sus profesionales.

Donde único se producen aumentos presupuestarios más notables es en el área de servicios sociales, en torno al 20%, vinculado a la dependencia, asunto en el que estamos de acuerdo. Pero parten de un gran atraso y no tienen ni de lejos el peso en el conjunto del presupuesto que el de los otros dos grandes servicios públicos. En el área de vivienda tampoco hay avances importantes, cuando es un problema que se hace crónico. Y, lo que es de una enorme gravedad es que, en este presupuesto, no hay un solo euro más para la lucha contra la pobreza, pese a que el nuevo Estatuto reconoce el derecho a establecer una renta de ciudadanía.

En definitiva, en un marco muy propicio, por el notable incremento de las aportaciones estatales y el favorable ciclo económico, el Gobierno de Canarias y sus aliados desperdician una ocasión única para mejorar los ingresos y, por tanto, estar en condiciones de afrontar actuaciones que posibiliten superar los recortes sufridos por los servicios públicos. Renunciando, por tanto, a avanzar en equidad en una comunidad muy desigual y con importantes bolsas de pobreza y exclusión social. Sustituyendo la necesaria transformación de una realidad injusta por la propaganda, el autobombo y las medias verdades.