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Unos presupuestos decepcionantes para Canarias
En segundo lugar, en estos Presupuestos por vez primera se cumplen explícitamente las cláusulas de inversión introducidas en los Estatutos de Autonomía de Cataluña, Andalucía, Aragón, Baleares y Castilla-León. Y no se cumple con los artículos 95 y 96 de la Ley 20/1991 de modificación de los aspectos fiscales del REF, que obliga a que la inversión en Canarias esté en la media estatal. Así, Baleares se sitúa en la media de inversión estatal, con una tasa de paro del 18,1% y un PIB/habitante ocho puntos superior a la media española. Por su parte, Aragón tendrá una inversión por encima de la media, representando el 4,1% del total de la inversión directa estatal cuando su población es el 2,9%; con una tasa de paro del 13,0% y un 109,6% de PIB/habitante. Y en Castilla-León la inversión supone un 10,2% del total de estatal, cuando su población representa el 5,5%, su tasa de paro es del 14,1% y su PIB por habitante es del 97,3%. Para que el lector pueda establecer una comparación, en Canarias la tasa de paro es del 25,7%, la mayor del Estado, y su PIB por habitante es del 87,9% en relación al estatal. Sobran comentarios.
Y, en tercer lugar, se elaboraron coincidiendo con la preparación del Consejo de Ministros que se acaba de celebrar en la capital grancanaria, destinado a aprobar un Plan Canarias para abordar la situación especialmente grave de la crisis económica en Canarias, y que pretende reorientar el modelo productivo del Archipiélago; y cuyas conclusiones presentan llamativos titulares, tanto como sombras sobre sus auténticas concreciones. Sin olvidar que en el proyecto de PGE no hay reflejo presupuestario alguno de este Plan, cuando sí lo hay respecto al Plan de Convergencia de Castilla-León, con 2.412,2 millones de euros presupuestados.
Aunque me centraré en Canarias, sí quiero dejar claro que me parece discutible la reforma fiscal plasmada en estos PGE y que, sin embargo, comparto las prioridades de gasto establecidas. Se mantiene la inversión productiva y se incrementa el gasto social para proteger a los más débiles frente a la crisis. Destacando el fuerte incremento, 422,3 millones de euros (36,4%), para el desarrollo de la Ley de la Dependencia. Ese esfuerzo, que beneficiará a todas las Comunidades Autónomas, hay que reconocerlo.
Para Canarias, en el proyecto de PGE para 2010 la inversión se cifra en casi mil millones de euros, aumentando en 48,8 millones respecto al año anterior, lo que supone un incremento del 5,1%. Cuantifico la inversión como la suma de inversiones directas de los ministerios y entes públicos (Capítulo VI), transferencias de capital a las administraciones canarias (Capítulo VII) y el Fondo de Compensación Territorial, que también son recursos destinados a inversiones. Quiero ser, por tanto, objetivo y riguroso en el análisis. Asimismo, hay que reseñar como alentador que disminuye significativamente la previsión de compensación al Estado por el extinto ITE. Si en 2009 esta previsión de ingresos para el Estado ascendía a 335,6 millones, en estos presupuestos supone sólo 90 millones de euros. Aquí hay dos efectos, uno la disminución por acuerdo político para ceder una mayor cantidad a Canarias (los 100 millones comprometidos para 2010 y probablemente los 70 millones más para el plan de empleo) y otro la propia reducción derivada de la caída de la recaudación por la retracción del consumo.
Por debajo de la media estatal
Pero hay que decir también que en estos Presupuestos hay ausencias clamorosas: no aparecen partidas ni para los trenes de Gran Canaria y Tenerife, ni para el Consorcio de Rehabilitación Turística de San Bartolomé ni para el Palacio de Deportes de Gran Canaria, entre otras. Tampoco para el Plan Integral de Empleo para infraestructuras educativas, que sí estaba en el de 2009 con 40 millones de euros. Igualmente, se reducen en 28 millones las ayudas consignadas en cumplimiento del REF para hacer frente a la insularidad y la lejanía, y que disminuye, nada menos que en 263,1 millones, el Fondo de Suficiencia que recibimos del sistema de financiación autonómico. Un Fondo que supone el 41% de los ingresos de la Administración autonómica.
Además, y lo que consideramos más relevante, la inversión por habitante en Canarias se mantiene muy por debajo de la inversión media estatal, con 481 euros per capita, 140 euros por habitante menos. Harían falta 290 millones de euros para colocarnos en la media. Esto es más grave en unos años donde el efecto de los incentivos del REF sobre la inversión privada va a sufrir una caída histórica nunca antes conocida. Ya los propios PGE prevén una enorme reducción de los beneficios fiscales de las empresas canarias. En concreto, la caída de las dotaciones para la RIC en el Impuesto de Sociedades hará que el ahorro fiscal pase de 760 millones de euros en 2009 a 245,9 en 2010. Algo similar sucede con la deducción por inversiones, otro de los instrumentos inversores del REF, que pasa de 215,8 millones en 2009 a una previsión de gasto fiscal de 109,5 millones en el proyecto presupuestario de 2010. Esto supone que aún es más determinante una fuerte inversión pública para enfrentar la crisis que padece el Archipiélago.
Con lo contemplado en los PGE, Canarias participa en un 3,4% de la inversión total estatal, por debajo del 4,5% que significa el Archipiélago en la población española. Con la tasa de paro mayor de todo el Estado y una enorme destrucción de empresas por la crisis no podemos entender el escaso esfuerzo inversor para Canarias en estos Presupuestos, que sí se hace en otras Comunidades con menos problemas y más riqueza. Estos Presupuestos dan a Canarias menos de los que por equidad nos corresponde y mucho menos de lo que por nuestra grave situación necesitamos. Salvo que se modificaran sustancialmente en el proceso de enmiendas, son unos Presupuestos decepcionantes y que no podemos admitir.
* Presidente de Nueva Canarias
Román RodrÃguez *
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