Prevenidos ante las consecuencias de la guerra

A punto de cumplirse cuatro meses del comienzo de la invasión de Ucrania por fuerzas militares rusas no se atisba un próximo final de esta injustificable violación de la soberanía nacional ucrania, de esta guerra que ha causado miles de muertos, buena parte civiles, y millones de personas desplazadas, así como una importante destrucción de infraestructuras. Un conflicto bélico que está teniendo múltiples consecuencias en el ámbito internacional y que también afecta a la vida cotidiana de los hombres y mujeres en todo el mundo. Muchas cosas empezaron globalmente a cambiar después del 24 de febrero.

El proceso de construcción política, económica y social de Europa, iniciado hace 71 años, tenía entre sus objetivos no repetir la historia que llevó a dos grandes guerras en el siglo XX y que tuvieron como escenario fundamental su territorio. Aunque la Unión Europea carece de ejército propio y de una política de defensa definida, la mayoría de sus estados forman parte de la OTAN, salvo Austria, Chipre, Finlandia, Irlanda, Malta y Suecia. Algunos están planteando solicitar su entrada tras la invasión de Ucrania. En el caso del Estado español la permanencia en la Alianza Atlántica fue ratificada en referéndum en marzo de 1986, aunque algunas comunidades expresaron su rechazo, entre ellas Canarias.

Una de las primeras consecuencias de la actual guerra es el cambio de las políticas de seguridad. Activando, por primera vez, el Fondo Europeo en Apoyo a la Paz, creado formalmente en 2021, y que posibilita la compra y envío de armamento a un estado europeo invadido. Dotado con varios miles de millones de euros que pretenden apoyar a las fuerzas armadas de Ucrania en un conflicto muy desigual contra una potencia militar con capacidad nuclear.

Además, y de forma paralela, se producen cambios en las políticas migratorias de la Unión. Mediante la activación de la Directiva de Protección Temporal, que permite la acogida de personas por afluencia masiva de forma ilimitada. Movilizando 17.000 millones de euros y facilitando a los millones de desplazados de Ucrania residir y trabajar en la UE, así como acceder a los servicios sanitarios y educativos. Implementando también fondos específicos para los países receptores de refugiados, especialmente Polonia. 

Freno al crecimiento

El impacto de la guerra de Ucrania está condicionando la recuperación económica tras los estragos causados por la pandemia de la Covid 19. Nos encontramos en un escenario de frenazo al crecimiento, elevada inflación, carencia de insumos y productos agropecuarios básicos e importantes incertidumbres sobre el presente y el futuro. Produciéndose una revisión a la baja de las perspectivas económicas para el próximo periodo por parte de la Comisión Europea. Del 4% previsto para el año 2022 y el 2,8% para 2023 en la UE se pasa a un 2,7% y un 2,3%, respectivamente. Todo ello en un marco en el que la inflación aumentó en la zona euro hasta el 8,1% el pasado mes de mayo, la tasa más alta de la historia de la unión monetaria.

La UE ha impulsado, con eficacia discutible, numerosas sanciones al Gobierno de Rusia, prohibiendo, con algunas excepciones, la importación de petróleo crudo y productos petrolíferos refinados rusos, aprobando además restricciones a los mercados y servicios financieros o cerrando el espacio aéreo a sus aviones. Reaccionando también al aumento de los precios, las dificultades para el abastecimiento de alimentos y de energía. Buscando alternativas a la dependencia energética y apostando por la diversificación de las fuentes de abastecimiento, un despliegue más rápido de las renovables y la mejora de las interconexiones entre redes energéticas.

Fundamentalmente, a través de la iniciativa REpowerEU, que contiene medidas a corto, medio y largo plazo dirigidas al ahorro y la eficiencia energética, la diversificación del suministro y la sustitución de combustibles fósiles. Con una dotación de 210.000 millones de euros desde ahora a 2027, usando fondos Next Generation y estructurales. Sobre la base del paquete de medidas Objetivo 55, programa de medidas para alcanzar la descarbonización y combatir la Crisis Climática. También con intervenciones dirigidas a garantizar la seguridad y el acceso a los alimentos, entre ellas medidas de mercado y de aumento de capacidad productiva en el ámbito de la Política Agrícola Común (PAC) y de ayudas de estado al sector primario. 

Además, la Comisión Europea propone mantener suspendidas hasta 2024 las reglas fiscales del Pacto de Estabilidad y Crecimiento. Aprobando, asimismo, un nuevo marco temporal de ayudas de Estado por la actual crisis, que posibilita a estos aprobar ayudas públicas hasta diciembre de este año. En el caso del Estado español, con un paquete de medidas paliativas, que incluye la bonificación de 20 céntimos al combustible, el incremento del Ingreso Mínimo Vital (IMV), préstamos a pymes y autónomos, ayudas directas a profesionales y empresas afectadas por la subida de los carburantes, otras destinadas al sector primario, así como bonificaciones de tasas en líneas marítimas.

Apoyo a sectores afectados

Por su parte, el Gobierno de Canarias, en su ámbito competencial, viene impulsando distintas medidas para apoyar a los sectores más afectados por el incremento de los precios. Entre ellas la aprobación de 8,2 millones de euros para ayudas al sector ganadero, que habrá que intensificar. Con medidas fiscales selectivas que están beneficiando a la actividad económica de La Palma, donde a la inflación se le suman los daños causados por el volcán, y seguir manteniendo el tipo cero del IGIC para el material sanitario. Con la práctica eliminación del impuesto a los Combustibles Derivados del Petróleo para transportistas, agricultores y ganaderos, con efecto retroactivo a 1 de marzo. Hay que recordar que el IGIC del combustible está gravado con tipo cero, frente al 21% del resto de Estado. Y estamos, además, en el proceso de revisión de los precios de obras y servicios que tiene en marcha la administración pública.

La inflación está impactando en la evolución de la economía. En el caso de Canarias, con un 7,3% interanual, por debajo del 8,7% estatal. Dificultando la recuperación económica, pese a otros buenos datos, como el crecimiento del PIB, un 12,2% en el primer trimestre de 2022, duplicando el estatal (6,4%). O los buenos registros turísticos entre enero y abril, con 4,5 millones de visitantes, más que en 2019, y perspectivas muy favorables para este verano y el próximo invierno. Así como la creación de empleo, el incremento de la contratación y el récord histórico de las Islas en afiliaciones a la Seguridad Social.

Los efectos en Canarias de la actual crisis están muy vinculados a los precios energéticos y su repercusión en el transporte, así como el encarecimiento de las materias primas para la industria y el sector primario. Con una escalada inflacionista que afecta al conjunto de la sociedad, a las administraciones públicas y a los sectores más vulnerables. Generando incertidumbres en nuestro sector turístico. Unas circunstancias que exigen un seguimiento permanente de la situación y continuar interviniendo, desde nuestro ámbito competencial, para colaborar en la recuperación económica y del empleo, garantizar los servicios públicos, así como para amortiguar los efectos de la espiral de subida de los precios en empresas y en consumidores. 

En Canarias hemos aumentado significativamente el gasto público en los últimos años, especialmente en sanidad y educación, a través de la captación de recursos estatales y europeos, sin aumentar impuestos y reduciendo la deuda de la comunidad. En el próximo periodo nos ayudará, sin duda, el ser una de las comunidades menos endeudadas. Pero hay que mantener una enorme prudencia en la actual situación. En la que la Reserva Federal de los Estados Unidos ha decidido elevar sus tipos de interés para tratar de frenar la espiral inflacionista y Europa comienza a adoptar medidas urgentes para controlar la prima de riesgo en los países del Sur que, por supuesto, no van a ser gratis, sino a cambio de condiciones severas. Habrá que seguir monitorizando la situación en los próximos meses por los graves efectos que la inflación tendrá en la economía si se prolonga en el tiempo, si bien nuestro acreditado rigor en la gestión presupuestaria nos coloca en una mejor situación para afrontarlos, con los deberes bien hechos.