Con la reforma del sistema electoral pueden ganar todos

Desde que en 1982 se aprobó el actual sistema electoral, que, como de todos es sabido, instaura la triple paridad (número igual de diputados entre provincias -30 y 30-, entre las islas capitalinas -15 y 15- , y entre éstas y el resto -30 y 30-) y la doble barrera electoral del 6% autonómico y el 30% insular (elevadas en 1996 desde el 3 y el 20%, respectivamente), ha sido sistemáticamente criticado desde distintos sectores y también por diversas causas, lo que evidencia que no fue producto de ningún pacto fundacional; prueba de ello es la feroz (y precoz) crítica que realiza Gumersindo Trujillo, catedrático de derecho constitucional de la Universidad de La Laguna –y maestro de tantos juristas-, al proyecto de Estatuto que ya contenía una igualdad entre islas centrales y periféricas en su célebre trabajo “El Estado y las comunidades autónomas ante la exigencia constitucional del voto igual”. Decía el recordado profesor: “tal regulación suscita, a nuestro juicio, fundamentales reparos sobre su legitimidad constitucional, que afectan principalmente a la paridad representativa entre las islas «centrales« y «periféricas« y a los mínimos o barreras electorales” (REDC, vol. 1, núm. 2, mayo-agosto 1981, pág. 52).

Básicamente se achaca al sistema electoral canario un gran déficit democrático porque provoca una enorme distorsión de la voluntad popular derivada de la desproporción del voto entre las islas más pobladas y las menos, así como por la enorme magnitud de las barreras. Consecuencia de ese déficit democrático son los resultados de las últimas elecciones, hay que insistir en ello, en las que:

a) Dos formaciones políticas, Ciudadanos y Unid@s, se han quedado sin representación, pese a obtener entre los dos más de 70.000 votos, por no superar unas barreras que si no hubieran existido habrían otorgado dos a Ciudadanos (uno por Tenerife y otro por Gran Canaria) y otro a Unid@s (por Gran Canaria).

b) La Agrupación Socialista Gomera (ASG), con poco más de 5.000 votos, obtuvo 3 de los 4 diputados por La Gomera.

c) La formación que sacó más escaños –y que gobierna ahora en solitario-, CC con 18, fue la tercera en votos (el 18,19%), mientras que el PSOE, que ganó las elecciones con el 19,86% de los sufragios, fue la segunda con 15 escaños y el PP, con el 18,59% del respaldo popular, la tercera en diputados con 12.

No voy a negar que hay firmes defensores de, si no la triple paridad (porque el aumento poblacional de Fuerteventura rompe la paridad provincial ya que exige asignarle un diputado más para equipararla a La Palma que tiene menos población, cuestión que por su obviedad nadie pone en cuestión), sí de la necesaria igualdad entre islas capitalinas y no capitalinas –aunque sea una defensa interesada en mantener un determinado status quo-, pero creo que en la actualidad es clamorosa la opinión de que es necesaria suprimir la evidente desproporción del voto existente debido, entre otras cosas, a que los resultados de las últimas elecciones pone en evidencia sus nefastas consecuencias y una sociedad que se crea democrática no puede permitir esa distorsión.

El verdadero problema a resolver, en términos político-electorales, siempre ha sido encontrar un sistema de representatividad y toma de decisiones, en un territorio como el nuestro fragmentado en siete islas y con una enorme desproporción poblacional entre las dos islas capitalinas y las otras cinco, en el que ambas realidades, la territorial y la poblacional, estuviesen cómodas.

Esa fragmentación –que se ha desarrollado desigual social, económica y políticamente- ha venido exacerbando el, llamémoslo así, natural insularismo desembocando en el pleitismo tanto entre las dos islas capitalinas entre sí, como la de estas con las otras cinco. Por eso es comprensible que la triple paridad tuviera su razón de ser en el nacimiento de Canarias como Comunidad Autónoma, con la finalidad, entre otras, de revertir el secular abandono de las cinco islas no capitalinas consecuencia de la pugna de las elites de las otras dos por la hegemonía comercial y política del Archipiélago. Sin embargo, no haber sido capaces en 35 años de superarlo es la triste constatación del fracaso colectivo que ha impedido la consolidación de Canarias como entidad política.

Pero no es momento de buscar culpables, que los hay, sino de dar soluciones. La reforma del sistema electoral canario no puede quedarse en la simple alteración de uno u otro aspecto del sistema, en absoluto; la presencia de esas dos representatividades, la poblacional y la territorial, condiciona a la hora de buscar un modelo organizativo -y electoral- que armonice al Pueblo con el Territorio para construir Canarias con garantías de éxito, en el que se respete tanto al sujeto político (el Pueblo canario) como la realidad territorial. Este es el verdadero pacto fundacional de Canarias. Somos islas, pero sobre todo archipiélago. Obviar alguna de estas realidades o primar una en favor de la otra supondría otro desequilibrio tal que el remedio sería peor que el problema a resolver.

Quienes se aferran a la triple paridad tienen muy poca fe en el todo y esgrimen que esa es la única manera de garantizar el desarrollo de las islas no capitalinas. Creen que con cualquier otro modelo las islas no capitalinas pierden capacidad de decisión. Los detractores oponen que no pierde nadie porque el desarrollo de las islas más necesitadas se consigue con medidas concretas de carácter presupuestario que plasmen la solidaridad entre todos los canarios. Sin embargo, parece evidente que las medidas presupuestarias dependen de quienes las aprueban, por lo que si las islas no tienen una presencia importante en la toma de decisiones, la aprobación de esas medidas quedará al albur de la buena voluntad de actores externos (miren si no lo que, pese a la garantía constitucional del REF, nos ha costado que el Estado cumpla), pero creo que la triple paridad no es la única manera de tener garantizada capacidad de decisión a la hora de aprobar los presupuestos.

La triple paridad distorsiona la voluntad popular, es cierto, pero casi todos los modelos alternativos propuestos postergan a las islas no capitalinas en la toma de decisiones porque su presencia real no es determinante (no hay paridad). Por eso, aunque no lo digan, no solo los insularistas sino muchos habitantes de las islas no capitalinas rechazan modificar la triple paridad, incluidos dirigentes de formaciones cuya posición oficial es cambiarla.

Si se elimina la paridad se rompe el equilibrio de representatividades existente y hay que buscar un nuevo modelo en el que las islas no capitalinas, de una u otra manera, tengan un protagonismo similar al actual en la toma de decisiones.

Ninguna de las alternativas propuestas se preocupa lo más mínimo por buscar ese otro equilibrio. Las propuestas se limitan a balancear el sistema para el otro lado, dando el protagonismo al criterio poblacional, cosa que es legítima, pero no introducen mecanismos que den influencia insular parecida, siquiera, a la que había con la paridad. Y hasta que no demos con un nuevo equilibrio no habrá un consenso básico en torno a la reforma de sistema electoral.

Pongamos algunos ejemplos de falta de mecanismos equilibradores: desde prácticamente el principio de los tiempos (es tan vieja como la triple paridad) se ha venido proponiendo introducir una lista regional de 10 escaños complementaria a la actual distribución de escaños con el propósito, aducen, “de fortalecer la idea y la sensación de que los canarios somos un único pueblo, y no la mera suma de siete pueblos distintos”. Resulta por lo menos curioso que sus defensores sigan manteniendo esa idea cuando casi la mitad de los diputados (CC, NC y Podemos) reconocen a Canarias como una Nación… (O eso dicen). Esa unidad ya la hemos conseguido entre todos, aunque queden insularistas insolidarios o nostálgicos de la doble autonomía…

En mi opinión, esa nueva circunscripción pudo haber tenido sentido hace 35 años, en los albores de la autonomía, pero ya no, no solo porque no contribuye a ninguna unidad elegir “solo” a 10 diputados entre todos los canarios, sino porque no va a permitir que se logre un nuevo equilibrio entre población y territorio con el que superar la triple paridad (equilibrio que ni siquiera busca esa lista), ni va a abrir el Parlamento a otras formaciones que no hubieran entrado de no existir las barreras o se añadan, por ejemplo, 5 diputados más a Tenerife o Gran Canaria.

En efecto, si extrapolamos los resultados de las últimas elecciones y los aplicamos a esa lista de diez diputados constatamos que se reparten entre fuerzas que actualmente tienen representación en el Parlamento (3 escaños PSOE; dos PP, CC y Podemos y uno NC). Únicamente si subimos a 15 el número de escaños, además de beneficiar a los mismos (4 para PSOE, 3 para PP y CC, dos para Podemos y NC), se logra la entrada de Ciudadanos con 1 escaño (que habría que sumarse a los 2 que lograría esta formación con solo bajar la barreras.

En suma, esa circunscripción autonómica ni da proporcionalidad al voto, ni introduce un ápice de pluralismo político al Parlamento de Canarias, pues apenas corrige la desproporcionalidad del voto y no hace entrar a nuevas formaciones.

La única manera de que la circunscripción archipelágica fuera atractiva y útil en términos democráticos –complementada con otras medidas- sería que en ella se eligiesen 20 escaños o más.

La adopción de un nuevo sistema electoral debe crear un nuevo equilibrio que combine el territorio con la población, por un lado, y la existencia de un Poder político Archipelágico con el tradicional arraigo de los cabildos insulares, por otro, en el que todos ganen y sin que suponga (según las distintas propuestas de reforma del sistema electoral canario aportadas hasta el momento) ningún menoscabo para Canarias como organización política que pueda reavivar viejos pleitos que se creían desterrados.

Por ello, reitero, hemos de vertebrar un sistema más proporcional desde el punto de vista poblacional, pero también implicando de manera fundamental a las islas en la toma de decisiones del Archipiélago; una solución, como pasa en los modelos (federales) que combinan ambas representatividades, podría ser dividir la Asamblea representativa en dos Cámaras: una esencialmente poblacional, el Parlamento, y otra estrictamente territorial, que la podríamos denominar Cabildo General (o, si no se quiere cambiarle el nombre, se podría denominar como la Comisión General de Cabildos, órgano que ya existe por expresa voluntad estatutaria desde 1996, aunque en ella los Presidentes de los Cabildos son meros invitados y la Comisión solo tiene funciones informativas).

El nuevo equilibrio que se propone puede tener la virtud de conjugar las reivindicaciones tanto poblacionales como territoriales, esto es, conciliar un Parlamento más democrático pero en el que los territorios no pierdan protagonismo en la toma de decisiones.

Así, la cámara poblacional estaría compuesta por una circunscripción de ámbito archipelágico mayoritaria, de 39 escaños, más otros 30 elegidos en circunscripciones insulares de las islas no capitalinas: 8 para La Palma, Lanzarote y Fuerteventura, 4 para La Gomera y 3 para El Hierro.

A Gran Canaria y Tenerife no se le asignan diputados insulares por dos razones que creo de peso: una, porque la mayoría de los elegidos en la circunscripción saldrían, por una mera cuestión cuantitativa, de ambas islas; y dos porque, lo que es más importante, sus intereses no requieren ser defendidos de nadie ya que, precisamente, son mayoritarios. Si acaso, sus cabildos respectivos, presentes como se verá en la otra cámara, se bastarían para ello.

Esa otra cámara –o Comisión- sería de representación estrictamente territorial; es decir, en ella estarían representadas, en términos de igualdad, cada isla, a través de sus respectivos Cabildos, estando compuesta por 21 miembros, designados tres por cada órgano insular de entre sus miembros. Dejo para el consenso determinar si esos tres miembros son designados ad hoc para cada asunto por el equipo de Gobierno insular (como en el modelo federal alemán) o en proporción a las fuerzas políticas existentes en su seno (por ejemplo, los tres primeros electos en las elecciones insulares).

Se gana en democracia, porque se da una muy adecuada proporcionalidad entre votos y resultados, las islas están representadas y además participan en la toma de decisiones, tanto por sus actuales representantes elegidos mediante sufragio directo, como a través de sus órganos de gobierno, los Cabildos: nadie pierde, todos ganan.

Aunque parezca lo contrario, el modelo es viable constitucionalmente y fácil de aplicar, solo harían falta leves retoques en el Estatuto que está actualmente modificándose, quedando tiempo suficiente para consensuarlo antes de las próximas elecciones de mayo de 2019. Solo quedaría por determinar la composición y la participación de esta otra cámara –o comisión- en la potestad legislativa de la Comunidad Autónoma.

Lo más práctico sería que esa participación en la potestad legislativa se articule exclusivamente a través de la capacidad de veto, similar a lo que ya existe en art. 12.4 del Estatuto vigente, que reza: “Los acuerdos se adoptan por mayoría simple, a excepción de los casos en que en este propio Estatuto se establezca otro sistema de mayorías. No obstante, cuando al menos los dos tercios de los diputados representantes de una isla se opusieran en el Pleno a la adopción de un acuerdo por considerarlo perjudicial para la misma, el asunto se pospondrá a la sesión siguiente”.

En vez de esa referencia a los dos tercios de los diputados representantes de una isla, bastaría con sustituirla por la Comisión General de Cabildos, quedando ese veto como sigue: No obstante, cuando la Comisión General de Cabildos se opusiera a la adopción de un acuerdo por considerarlo perjudicial para la misma, el asunto se pospondrá (ya se verá con qué consecuencias).

Creo que es un modelo sobre el que puede alcanzarse un consenso. Solo hace falta voluntad política para poder resolver entre todos, sin vencedores ni vencidos, la mayor desavenencia fundacional de nuestra autonomía, que ha impedido incluso que nos legitimemos a nosotros mismos consolidándonos como Pueblo. Se lo debemos a las generaciones futuras.