Renta mínima, avance hacia la justicia social

El Estado del Bienestar se ha ido construyendo en el Estado español a lo largo del último siglo y medio, incorporando elementos como las prestaciones por desempleo, las pensiones o la sanidad y la educación pública. El proceso democrático iniciado con la Constitución del 78 le ha dado un gran impulso. Con distintas leyes educativas, como la LOGSE, que extendió la educación obligatoria de los 14 a los 16 años; con la Ley General de Sanidad de 1986, que instauró un sistema sanitario universal, gratuito para la ciudadanía y financiado por los Presupuestos Generales del Estado; con la Ley de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las personas en situación de dependencia (2006), más conocida como Ley de la dependencia, que transformó en derecho lo que hasta entonces era objeto de la caridad.

Sin embargo, hasta ahora, y a diferencia con otros estados desarrollados, no se había abordado una respuesta institucional decidida para el conjunto del Estado para atender a las personas situadas en la pobreza o en la exclusión social. Aunque sí la ha habido en el ámbito autonómico, desde la Renta de Garantía de Ingresos (RGI) del País Vasco a la Prestación Canaria de Inserción (PCI), pasando por la Renta Garantizada de Ciudadanía (RGC) de Cataluña o la Renta Mínima de Inserción (RMI) de Baleares, así como distintas formulaciones en otras nacionalidades y regiones.

La pandemia del Covid-19 y sus consecuencias económicas y sociales ha obligado a acelerar decisiones sobre un asunto que venía debatiéndose desde hace años y en el que mi formación política ha planteado propuestas en el Parlamento de Canarias en las últimas legislaturas. Y que ahora es, además, una obligación estatutaria, recogida en el artículo 24 del reformado Estatuto de Autonomía. Lo requería la realidad de los elevados niveles de pobreza de las Islas antes de esta crisis. Mucho más hoy, con el significativo crecimiento del desempleo y el aumento de las personas sin ingresos o con escasos recursos económicos.

Vida digna

Por eso, valoramos que el Gobierno español haya aprobado el Ingreso Mínimo Vital (IMV). Así como otras medidas en la buena dirección, como los ERTE o las ayudas a los autónomos, bien distintas de las actuaciones frente a la crisis financiera de 2008, basadas en la austeridad, en los recortes y en el rescate de la banca. Lo hacemos con idéntica contundencia con la que, justamente, exigimos de ese mismo Ejecutivo y de la Unión Europea medidas específicas para Canarias por el mayor impacto económico de esta crisis en las empresas, en el empleo y en el sector público que en otros territorios. O con la que hemos criticado, en los últimos meses, las tentaciones y actuaciones centralistas; por ineficaces y por no responder a la realidad de un Estado autonómico.

Como bien se señala en el Real Decreto-Ley por el que Gobierno central establece este ingreso, no se trata de un planteamiento ajeno al ámbito europeo. Recordando que el Pilar Europeo de Derechos Sociales señala lo siguiente: “Toda persona que carezca de recursos suficientes tiene derecho a unas prestaciones de renta mínima adecuadas que garanticen una vida digna a lo largo de todas las etapas de la vida, así como el acceso a bienes y servicios de capacitación. Para las personas que pueden trabajar, las prestaciones de renta mínima deben combinarse con incentivos a la (re)integración en el mercado laboral”.

Con esa filosofía se aborda este Ingreso Mínimo Vital que beneficiará mucho a Canarias por sus bajos niveles de equidad, por sus profundas desigualdades sociales. Una tierra con preocupantes e intolerables datos de pobreza general y de pobreza infantil, con consecuencias presentes y futuras. La ya preocupante situación pre-pandemia se está agravando exponencialmente estos días por la parálisis económica a la que ha obligado el confinamiento; por el cierre de empresas y por la ausencia de prestaciones por desempleo que padecen miles de personas que viven en la economía sumergida.

El IMV supone un eslabón determinante en el conjunto del Estado del Bienestar sumándose a las pensiones, la educación, la sanidad o la dependencia. Constituye una prestación no contributiva de la Seguridad Social que no es coyuntural: ha llegado para quedarse y hacer frente a crisis como la actual u otras crisis sanitarias, económicas o medioambientales que se produzcan en el futuro. Pero, también, a los efectos que tendrá sobre el empleo en un mundo cada vez más robotizado y en el que los estados no pueden dar la espalda a una parte de la población que no accederá a un puesto de trabajo o tendrá graves dificultades para mantenerlo.

Inserción

Es, en definitiva, una medida que no está exclusivamente dirigida a las personas y familias empobrecidas de hoy, sino a todos los hombres y mujeres que, en algún momento de su vida, por distintas circunstancias, atraviesen una situación de vulnerabilidad o de exclusión. Facilitando que puedan tener unos ingresos mínimos para una existencia digna y ofreciéndoles apoyo para su inserción laboral o la mejora de sus condiciones de empleo.

Considero que es imprescindible aprender de las experiencias de otras comunidades y estados para que el instrumento tenga el más preciso impacto. Para generar itinerarios adecuados que posibiliten que la mayoría de las personas pueda dejar de ser beneficiarios de esta porque han accedido un empleo o porque han mejorado sus ingresos laborales. Valoro que se tenga muy en cuenta a los menores y que se afronte la pobreza infantil, una de las lacras más vergonzosas. Y entiendo que cuando en distintos foros se habla de que hay gente que renunciaría a determinados trabajos, penosos y mal pagados, por disponer de un Ingreso Mínimo Vital, habría que darle la vuelta y reflexionar necesariamente sobre determinadas estructuras salariales y determinadas tareas, imprescindibles socialmente, pero minusvaloradas económicamente.

Es posible que haya quien prefiera que a las personas vulnerables se les atienda exclusivamente desde instituciones de caridad o que se repitan imágenes de hombres y mujeres haciendo cola para recibir una cesta de alimentos, como estamos viendo estos días. Considero que es más adecuado y deseable, por respeto hacia quienes en algún momento pasen por ese trance, por dignidad y por justicia, que el Estado del Bienestar garantice unos ingresos mínimos para aliviar la grave situación y proporcione, al mismo tiempo, mecanismos formativos o de orientación para facilitar la inserción laboral de esas personas. El Ingreso Mínimo Vital es, en ese sentido, un enorme acierto, que debe ir acompañado de otras medidas, como las relacionadas con el derecho constitucional a la vivienda. Un ingreso que nuestra Comunidad debe gestionar en el marco del autogobierno, que nos habilita para una gestión más eficiente, más cercana.

Román Rodríguez es vicepresidente del Gobierno y consejero de Hacienda, Presupuestos y Asuntos Europeos.