Sí señor, el Senado no sirve para nada

El Sr. Clavijo, senador de designación por el Parlamento de Canarias, acaba de decir hace unos días que habría que cerrar el Senado. Y, sin que sirva de precedente, le tengo que dar la razón: no sirve para casi nada y si se cerrara tampoco pasaría nada. 

Ello es, en mi opinión, así porque el actual Senado no es la cámara que requiere la España plurinacional. Es sabido que el bicameralismo español es desequilibrado en favor del Congreso por el déficit democrático del Senado (se eligen el mismo número de senadores en cada provincia 4, pese a su desigual población, sin contar las islas), lo que provoca que la actual segunda cámara, pese a ser denominada cámara territorial por el art. 69.1 de la Constitución, es una mera cámara de segunda lectura -cuyas modificaciones tienen que ser ratificadas por el Congreso- no participando en importante funciones parlamentarias como la investidura del Presidente del Gobierno o la convalidación de los decretos leyes y, derivado de lo anterior, su funcionamiento se rige por la dialéctica ideológica, no territorial. 

Por eso mismo, esa supuesta territorialidad no es tal, ni por a quién representa la mayoría de senadores (a las provincias e islas, no a las CCAA), ni por las pocas funciones verdaderamente decisorias que ostenta, sean en exclusiva o compartida (la aplicación del art. 155 como única exclusiva, o leyes de armonización y nombramiento de los miembros de importantes órganos constitucionales como el Tribunal Constitucional -TC- o el Consejo General del Poder Judicial -CGPJ-). 

Como cámara ideológica remeda al Congreso en esa dialéctica partidista, que es lo que denuncia Clavijo. Es decir, en el Senado se repiten los debates ideológicos y de partido del Congreso, no hay auténticos debates en los que los senadores se rijan por sus propios interés territoriales. Por eso tales debates no aportan nada. Son inocuos para enriquecer el debate político de la sociedad española. De hecho, podemos afirmar que en estos cuarenta y tantos años de andadura constitucional las propias Cortes han legislado de espaldas a las CCAA. Y en ese funcionamiento, el PSOE y el PP están muy cómodos. También lo está Podemos por su escasa implantación territorial. Y no les interesa que cambie nada. 

Pero al modelo de Estado, a esa España plurinacional sí le interesa que cambie casi todo el Senado (todo menos quizás el nombre). Lo que se necesita es una reforma constitucional, demandada por amplios sectores académicos dada el desgaste que viene padeciendo el modelo después de mucho tiempo sin reformas (no hay que perder de vista tampoco que la CE solo atisbó a poner en marcha el modelo, requiriéndose desde hace tiempo reformas estructurales que afecten al propio senado, pero también a la financiación o al reparto de competencias), que convierta de verdad al Estado español en un Estado verdaderamente descentralizado a través de la conversión del Senado en Cámara auténticamente territorial, en el que las partes participen en el todo (las CCAA en la toma de decisiones que les afecten). 

En la práctica totalidad de los Estados federales (los autodenominados constitucionalistas se llenan la boca diciendo que el Estado español es de los más descentralizados del mundo, más incluso que muchos de los llamados federales) existen segundas cámaras territoriales en los que participar en instancias estatales como tales, en condiciones de igualdad, en asuntos territoriales, que son la mayoría, pues son pocas las competencias verdaderamente exclusivas del Estado, en el sentido de que ostentan, de manera excluyente, todas las funciones en una determinada materia: Fuerzas armadas y poco más… Ese evidente que en materias en la que la CE reserva esa competencia en exclusiva al Estado (relaciones exteriores o inmigración) hay intereses territoriales afectados en muchas ocasiones, por lo que no pueden ser ajenas a esa Cámara territorial. De la misma manera que no es lo mismo un CGPP, pero sobre todo, un TC con un tercio de miembros elegidos por las propias CCAA, es decir, bajo parámetros estrictamente territoriales.

No olvidemos que el TC es el arbitro que dirime las disputas sobre todo competenciales entre el Estado y las CCAA. Y actualmente, las CCAA no participan en la designación de sus miembros. Sus 12 miembros los eligen los órganos del Estado (2 el Gobierno, 2 el CGPJ, 4 el Congreso y 4 -el Senado en el que apenas una quinta parte de sus miembros son de designación autonómica-).

Seguramente con esa reforma el Estado de las Autonomías funcionaría mucho mejor, pero no interesa, no vaya a ser que las CCAA acaben por demostrar que gestionan mucho mejor sus competencias que el Estado, que la descentralización no solo sirve para satisfacer demandas de autogobierno, si no también para acercar los problemas a los ciudadanos.