Suiza, entre el ''lavado de dinero'' y el ''lavado de cara''

Huelga decir que, en la mayoría de los casos, el dinero de esos controvertidos personajes estaba custodiado celosamente por los llamados gnomos de Zurich, Ginebra, Berna o Lugano, es decir, por financieros de altos vuelos que se enorgullecían de manejar las cuentas de personas non gratas en sus respectivos países.Recordemos las peripecias de los fondos depositados en los institutos financieros helvéticos por del emperador etíope, Haile Selassie, por el Sha de Persia, por dictadores de Europa Oriental, como el rumano Nicolae Ceausescu, de Centroamérica y el Caribe ?Manuel Noriega y Jean-Claude Duvalier? por el somalí Siad Barré, el zaireño Mobuto Sese Seko, el nigeriano Sani Abacha, el angoleño José Eduardo dos Santos, y un largo, largísimo etcétera.

Si en los años 70 los bancos suizos fueron incapaces de llevar a cabo las gestiones pertinentes para satisfacer las demandas de los Estados que reclamaban la devolución del dinero sustraído en la mayoría de los casos al erario público, a partir de la década de los 80 la postura la Banca experimenta un cambio radical. Todo empezó con la identificación de los fondos depositados en Suiza por el dictador filipino Ferdinand Marcos ?unos 358 millones de dólares? congelados por orden de las autoridades de Berna. Siguieron otros episodios, no menos rocambolescos, protagonizados por numerosos hombres públicos: presidentes, ministros, altos cargos de gobierno? De hecho, los bancos estaban obligados por ley a conocer la identidad real de sus clientes. En el caso concreto de las llamadas “personas expuestas políticamente” (PEP), categoría especial de ex clientes privilegiados de los institutos financieros helvéticos, se estableció un protocolo que permite bloquear rápidamente los fondos depositados en Suiza. “Ello se consigue a veces con una simple llamada telefónica, que suele preceder la introducción de una demanda formal”, señala un alto cargo de la Administración federal suiza. Nada que ver con los viejos tiempos, en los cuales la Banca helvética se había especializado en el “lavado de dinero”.

Después de los múltiples escándalos financieros de los años 80 y 90, como por ejemplo el affaire de los fondos de las victimas judías del Holocausto, la Confederación optó por el? “lavado de cara”. No se trataba de una decisión tomada a la ligera; tanto el Gobierno como la Banca analizaron con sumo detenimiento los pros y los contras de este cambio de rumbo, haciendo especial hincapié en la necesidad de acabar con el mito de Suiza-paraíso fiscal. Huelga decir que a las presiones ejercidas por organismos pertenecientes al sistema de las Naciones Unidas se sumaron las crecientes exigencias de la entonces Comunidad Europea, interesada en levantar el tupido velo que oculta la identidad de los ciudadanos comunitarios que disfrutan de los servicios, véase las ventajas, del sistema financiero helvético.

Aunque Bruselas no logró su principal objetivo, que consistía en desenmascarar a los autores de “delitos monetarios”, la UE supo imponer a los “gnomos” un complejo sistema de devolución de capitales, basado en el prorrateo correspondiente a los fondos/depósitos de los ciudadanos de “los 27”. Un sistema que permite adivinar el monto de los depósitos, pero sin revelar la identidad de los clientes.

Si en el caso del Viejo Continente se ha podido llegar a un acuerdo que satisfaga los intereses de todas las partes, la situación es mucho más delicada a la hora de tratar con los Estados del mundo en desarrollo. Al devolver a las autoridades nigerianas la mitad de los fondos depositados en Suiza por el general dictador Sani Abacha ?unos 458 millones de dólares? los helvéticos solicitaron a los expertos del Banco Mundial que velen por la utilización del dinero para la puesta en marcha de? proyectos de desarrollo. El mismo criterio se quiso emplear para la entrega al Gobierno de Kazajstán de los 90 millones de dólares pertenecientes al clan del Presidente Nazabarev, que cobró comisiones para la venta de petróleo.

Según las autoridades de Berna, la nueva política suiza está basada en el acatamiento de la normativa del Convenio de las Naciones Unidas de lucha contra la corrupción de 2003, que contempla la entrega del dinero negro al país perjudicado por la actuación de personajes corruptos. Los helvéticos hacen hincapié en el hecho de que otros Estados, como por ejemplo el Reino Unido, tardan en introducir la nueva normativa jurídica internacional. Sin embargo, hay quien cree que el nuevo modus operando no pretende disuadir a los delincuentes económicos. El “lavado de cara” no es, al menos aparentemente, incompatible con el “lavado de dinero”. Esta es la conclusión de la izquierda suiza, que critica la postura gubernamental, calificándola de “excesivamente laxista”. Pero lo cierto es que en los últimos años Suiza ha dejado de ser el tan cacareado “refugio dorado” del dinero de los dictadores.

Adrián Mac Liman