Turismo: la hora de actuar

Pese a su mayor o menor crisis, el turismo sigue siendo hoy la actividad económica más importante de la economía canaria. Se estima que en el año 2005 la aportación del turismo al PIB canario, calculado como el conjunto de su efecto directo e indirecto, es del 30,4 % y su aportación al empleo es del 36,8%, según la Cuenta de Impacto Económico del Turismo, Impactur (elaborada por Exceltur y la Consejería de Turismo del Gobierno de Canarias).

En el año 2006 visitaron Canarias 12.708.964 turistas (entre extranjeros y personas procedentes del resto del estado) lo que demuestra que somos un destino consolidado y una auténtica potencia turística, considerando que somos un archipiélago. Pensemos que un destino tan publicitado como Hawai recibe 4 millones de turistas al año. Ciertamente hay que destacar que desde el año 2001 la llegada de turistas extranjeros se ha ido reduciendo paulatinamente pero este descenso ha sido mitigado por un incremento del turismo procedente del resto de España.

Según un reciente (y no publicado) censo de establecimientos turísticos realizado por la Consejería de Turismo del Gobierno de Canarias la oferta real existente en este momento asciende a 529.882 plazas alojativas turísticas (no incluye ilegales) y 46.324 plazas potenciales, entendiendo así las que se encuentran en fase de construcción o que cuenta con las autorizaciones pertinentes para su puesta en marcha en el futuro.

Es razonable que dejemos de crecer en cantidad y lo hagamos en calidad. En ese marco, la apuesta por la renovación es fundamental para implementar una estrategia de turismo sostenible porque supone mantener la calidad en la oferta y además potencia un uso más eficiente del patrimonio edificado sin tener que consumir más territorio. Mantener instalaciones obsoletas en el mercado significa competir a la baja por los paquetes turísticos.

En determinados núcleos turísticos, especialmente en los más antiguos, se observa, asimismo, un preocupante deterioro tanto del espacio urbano como de las instalaciones alojativas, mucho más acusada en la planta extrahotelera. Esta situación viene a menudo acompañada de la reconversión de apartamentos turísticos a usos residenciales irregulares, de baja calidad, produciendo un daño irreparable a este destino turístico.

Las propias Directrices del Turismo determinan de forma imperativa que se aborden tareas de rehabilitación urbana al menos en los siguientes núcleos turísticos: Puerto de la Cruz y Los Cristianos, en Tenerife; Playa del Inglés y San Agustín, en Gran Canaria; Morro Jable y Corralero, en Fuerteventura; y Puerto del Carmen, en Lanzarote. La rehabilitación urbana constituye un objetivo indispensable de la actuación en la renovación y cualificación de la planta y el espacio turístico pero se trata de un objetivo complejo, dilatado y costoso. Además, la renovación de los alojamientos por parte de los empresarios no es un proceso sencillo. Está sometida a muchos inconvenientes, entre ellos la necesidad de cerrar al público durante un periodo. Estos inconvenientes son aún mayores en el caso de la oferta extrahotelera, por la disgregación de la propiedad.

Por tanto, si se desea tener éxito en las actuaciones de rehabilitación urbana y de renovación alojativa en zonas turísticas deterioradas, la intervención de las administraciones ha de comportar el efectivo desarrollo de programas de actuación, con medios y dotación presupuestaria suficiente. La Ley de Directrices establece en su capítulo V un conjunto de instrumentos de información, seguimiento, económicos, de gestión y de regulación destinados a tal fin que debían estar en funcionamiento en abril de 2004, y que el Gobierno canario de la legislatura 2003-2007 no puso en marcha.

Especialmente lamentable es no haber dado cumplimiento a la Directriz 31.2 que establece que “el Gobierno canario formulará un programa para el desarrollo de una serie de actuaciones de rehabilitación urbana, de carácter ejemplar, en concertación con las administraciones insulares y locales.” O el de la Directriz 31.3, que obliga al Gobierno a establecer “un programa de medidas económicas, fiscales, laborales y administrativas destinadas a incentivar y facilitar las actuaciones de renovación edificatoria turística, tanto alojativa como complementaria, concertando las mismas con las restantes administraciones implicadas y con las entidades financieras, en su caso”.

Esos incumplimientos han hecho que perdamos cuatro años en la imprescindible mejora de la competitividad de nuestro sector turístico. Queremos invertir ese proceso. En esa línea se inscribe mi interpelación al ministro Joan Clos en el Congreso y la moción que se debatirá la próxima semana, en la que se plantea que se establezcan mecanismos de coordinación entre las administraciones públicas para hacer eficaces las intervenciones en materia turística. Asimismo, la moción solicita que se dirijan los incentivos fiscales y económicos a la renovación de la planta antigua, instando al Estado a participar en fórmulas consorciadas; y.desarrollar una experiencia piloto en un municipio turístico emblemático: San Bartolomé de Tirajana, en Gran Canaria.

Se trata de plantear medidas efectivas que contribuyan junto a otras actuaciones ?mejora de la promoción exterior, diversificación y cualificación de la oferta, etcétera- a que el turismo esté en las mejores condiciones para competir con los destinos emergentes y seguir generando riqueza y empleo en nuestra tierra.

* Román Rodríguez es presidente de Nueva Canarias

Román Rodríguez *