Contra la violencia machista

Desde la primera Conferencia Mundial de la Mujer emprendida por la Organización de las Naciones Unidas en México en 1975 y su proclamación del Decenio para la Mujer (1976-1985), las políticas para combatir la desigualdad de género se han ido extendiendo en la mayoría de las democracias de nuestro entorno. Uno de los pasos más importantes se dio en 1995 en la IV Conferencia Mundial sobre la Mujer en Beijing, cuando se aprobó la declaración que en su tercer punto proclamaba el compromiso de “promover los objetivos de igualdad, desarrollo y paz para todas las mujeres del mundo en interés de toda la Humanidad”. En los debates previos a esa declaración las personas que participaron llegaron a la conclusión de que, para lograr ese objetivo, había que tener presente la dimensión de género en todas las políticas.

El Convenio del Consejo de Europa sobre prevención y lucha contra la violencia contra las mujeres y la violencia doméstica (Estambul 2001) supuso igualmente un paso importante. Es el primer tratado europeo que aborda expresamente estos temas y establece que la erradicación de la violencia implica promover la igualdad; que es necesario luchar contra todo tipo de discriminaciones (sexo, raza, género, color, religión, lengua, ideología, origen, nacionalidad, orientación sexual, edad, salud, discapacidad, etc); que se deben fomentar las ONG de mujeres; que la educación debe ser un instrumento básico de prevención; que se deben crear y potenciar servicios de apoyo generales y especializados; que la protección judicial debe ser de una absoluta garantía para las víctimas y los testigos; que se deben incluir como formas de violencia la violencia sexual, los matrimonios forzosos, las mutilaciones genitales, el aborto y la esterilización forzosos, el acoso sexual, la asistencia o complicidad y tentativa…

Desde el Cabildo de Gran Canaria tenemos claro que hay que seguir el camino trazado por la Conferencia de Beijing y por el Convenio de Estambul. De ahí la creación de la Consejería de Igualdad que, entre otras cosas, hará un seguimiento al resto de las áreas para que los objetivos de igualdad de género se apliquen, para que la lucha contra la desigualdad se haga de forma transversal.

La semana pasada la consejera de Igualdad, María Nebot, presentó los presupuestos de su departamento para 2016. En total contaremos con 5.300.000 euros; de ellos una partida de más de 4 millones de euros irá destinada a la Red Insular de Atención a Mujeres Víctimas de la Violencia de Género. Estamos empezando. Han pasado apenas seis meses de gobierno insular. Hemos decidido crear un Observatorio sobre la Igualdad (que ya está en los presupuestos de 2016) y un Consejo de la Igualdad formado por los 21 municipios. Hemos sumado fuerzas con los ayuntamientos para pedir al Gobierno canario que el convenio para garantizar los recursos municipales de atención a las mujeres víctimas de la violencia de género tengan carácter plurianual: no puede ser que las más de 2.200 mujeres que en 2014 fueron atendidas por esos servicios vivan momentos de incertidumbre porque se retrasa la aprobación de unos nuevos presupuestos. Nuestra apuesta por la participación no se restringe a la institucional, también escuchamos las demandas de la red feminista de Gran Canaria y de otras organizaciones sociales como Gamá y, por supuesto, contamos con los trabajadores y trabajadoras del Cabildo: con sus representantes hemos firmado un protocolo contra el acoso sexual. Tenemos claro que es fundamental colaborar con todas las instituciones públicas y organizaciones sociales. Desde el gobierno insular no vamos a eludir lo que consideramos una incuestionable obligación de todas las instituciones, aunque no se encuentre dentro de nuestras competencias.

Es importante la participación de todas y todos y es importante asimismo la formación, por eso también colaboramos con la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria en ofertas formativas que sirvan para tener a personas más preparadas para trabajar por la igualdad y también contra la violencia machista. La semana pasada tuve la oportunidad de asistir a la clausura del curso de Experto “Derechos Humanos y Género”. Durante mi intervención recordé que once años después de la aprobación de la Ley Integral contra la Violencia de Género sabemos que en esta lucha no hay marcha atrás, pero también sabemos que, por muy buena que sea una ley, si no se dota con los recursos suficientes es más difícil que se cumpla. En estos aspectos ha insistido en muchas intervenciones públicas María Auxiliadora Díaz Velázquez, magistrada del Juzgado de Violencia sobre la Mujer número 2 de Las Palmas de Gran Canaria y directora del citado curso. Hay que reconocerle a la magistrada canaria que su compromiso ha ido más allá de sus competencias, de su lugar de trabajo y de su horario laboral.

En sus declaraciones en medios de comunicación o en conferencias, María Auxiliadora Díaz Velázquez ha insistido en que no basta con aprobar leyes o hacer campañas de concienciación para que las víctimas denuncien, para que las familias, vecinos o amigos denuncien…si luego las instituciones no ponen los medios suficientes para atender a las mujeres que dan el paso de denunciar. No puede haber juzgados de primera, de segunda y tercera categoría cuando hablamos de derechos fundamentales, del derecho a la vida, a la seguridad y a la libertad de la mujer, de un derecho que se le niega en su propia casa. Ante esas situaciones, ante la violencia machista, todos los juzgados deben ser de primera categoría.

A lo largo de la Historia, en la lucha por la igualdad han sido fundamentales las mujeres. Fue una mujer, Eleonor Rooselvert, presidenta de la Comisión de los Derechos Humanos de las Naciones Unidas, quien tuvo un papel importante en la elaboración y aprobación de la Declaración Universal de los Derechos Humanos de 1948. Recordemos que hasta entonces lo que existía era la “Declaración de los derechos del Hombre y del Ciudadano”. Cuando la ONU aprobó esa Declaración de 1948 en Canarias vivíamos la dictadura franquista, un contexto histórico que impidió que llegaran hasta las islas esos vientos liberadores. A mediados del siglo pasado la nuestra era una sociedad agrícola y la mujer tenía doble o triple jornada laboral: en la tierra, en la casa y con los hijos.

Los años de la dictadura afianzaron la desigualdad y la discriminación. Como muestra podemos citar un análisis sociológico sobre la mujer publicado por la Diócesis de Canarias en 1973, que ante la primera cuestión planteada a cerca de 700 personas encuestadas: ¿debe haber igualdad o no entre mujer y hombre?, un significativo 24 % contestaba que “la mujer es inferior al hombre”. Así estábamos hace 40 años, que visto con perspectiva histórica podríamos decir “el otro día”. Aunque, afortunadamente en apenas cuatro décadas, la mentalidad de nuestra sociedad ha cambiado mucho. Un estudio de la Delegación del Gobierno para la Violencia de Género (de 2014) señala que el 98 % de la población considera intolerable la violencia machista, cuando se trata de maltrato físico y sexual. Las amenazas verbales sin embargo son tolerables para el 6,5 % de la población.

Decía el socialista utópico Charles Fourier, a finales del XVIII, que la evolución de una sociedad se mide por el progreso de las mujeres hacia la libertad. Sin embargo, las dos ideologías que provocaron la guerra fría en el siglo XX, el capitalismo y el socialismo, tenían muchas cosas que las separaban, pero tenían algo en común, las dos formaban parte del patriarcado, los dos sistemas guardaron durante muchos años la esfera del poder para el hombre, excluyeron a las mujeres de sus parlamentos, de las direcciones de los partidos políticos, de la judicatura, de los sindicatos y de otros órganos de decisión. La lucha contra el patriarcado lo es también por los derechos humanos y por los derechos sociales. Los avances que se han dado no se hubieran conseguido sin la valentía de las mujeres aparceras, de las mujeres antifranquistas, de las mujeres del movimiento feminista… Afortunadamente en nuestro país hemos progresado bastante en poco tiempo. Pero la violencia machista repunta en los jóvenes. Se sigue asesinando a niños y niñas para hacer daño a las madres. 56 mujeres fueron asesinadas en 2015, víctimas de la violencia machista. El Servicio de Urgencias Canario atendió en 2015 casi 14.000 llamadas de casos relacionados con violencia de género. De ellas 3.578 fueron “de emergencia”, es decir, “con peligro inminente para la víctima”. No son solo cifras. Es un mensaje que nos recuerda que todavía queda mucho más por hacer.