Con el actual Gobierno canario, el Condado de la Vega Grande no habría pagado ni un euro (ni un cuadro) por la herencia del noveno conde
Sobre este blog
El blog de Carlos Sosa, director de Canarias Ahora
No es cierto que el Partido Popular haya incumplido (de momento) su promesa de rebajar impuestos en Canarias, como se comprometió a hacer durante la campaña electoral para las elecciones locales y autonómicas de 2023. No lo ha hecho en el impuesto estrella, el Impuesto General Indirecto Canario (IGIC), que bate récords de recaudación gracias al consumo interno y al turismo y que prometió rebajar medio punto (del 7 al 6,5%), pero sí con el impuesto sobre sucesiones y donaciones, que tiene una bonificación casi total (del 99,9%) para parientes directos de la persona donante.
Lo hizo nada más llegar al Gobierno de la mano de Fernando Clavijo (Coalición Canaria) en un pacto que cuenta también con el respaldo de la Agrupación Socialista Gomera (ASG), de Casimiro Curbelo. El PP se hizo con la Consejería de Hacienda, que ocupa una veterana muy respetada en el partido, Matilde Asián, que suele ejecutar disciplinadamente las consignas nacionales en la materia que tiene encomendada. Una de ellas es este impuesto: el 4 de septiembre de 2023 se aprobó un decreto ley que echaba abajo la modificación que a su vez había hecho de ese impuesto el Gobierno de Ángel Víctor Torres (PSOE) y Román Rodríguez (Nueva Canarias), quien ocupó la cartera de Hacienda, paradójicamente también con el apoyo del poliédrico político gomero.
Gracias a esa decisión del Pacto de las Flores, o por culpa de esa decisión, según se mire, el Condado de la Vega Grande tuvo que liquidar unos 4 millones de euros como cuota por la herencia del noveno conde, Alejandro del Castillo Bravo de Laguna, fallecido en 2020, cuando estaba en vigor una cuota progresiva que excluía a las herencias inferiores a 300.000 euros por heredero o heredera y que iba incrementándose hasta el millón de euros, y a partir de ese importe, el tipo máximo, hasta el 34%.
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