Triana deja de oler a pan recién hecho

Los hijos de Miguel Díaz, fallecido hace más de dos años, estuvieron todo este viernes metidos en un manojo de nervios al ver en serio peligro la continuidad de un negocio que puso en marcha su bisabuelo hace 105 años en el corazón del barrio de Triana, en Las Palmas de Gran Canaria. Esperaban que se produjera un vuelco imposible en una tramitación administrativa en la que se incluía el plazo improrrogable de dos días -que empezará a contar cuando reciba la notificación- para cesar en la actividad de su panadería, de la panadería Miguel Díaz.

El respaldo de la vecindad y de la clientela, que se agolpó este viernes en la acera de la calle de Viera y Clavijo, a la altura del número 18, no va a ser suficiente ante lo que recoge el expediente administrativo: la panadería carece de licencia para desarrollar su actividad y tiene que cerrar hasta tramitarla. Frente al frío relato de las ordenanzas y las leyes, los congregados no reclamaban pan, ni que se abarate este alimento básico, solo clamaban por que no se cierre un establecimiento que cuenta con una amplia clientela desde hace muchos años. Y no solo de la zona de Triana.

Lo más sorprendente ha sido el modo que han tenido tanto la familia Díaz como el Ayuntamiento de enterarse de que este negocio familiar, que da de comer a diez familias, no tiene licencia: una denuncia del pasado mes de agosto, formulada por una comunidad de vecinos colindante, la del edificio Kühner. Se quejaron los vecinos del humo y el hollín que provoca el obrador de la panadería, cuya chimenea descarga justo en una suerte de bulevar interior de esa comunidad vecinal. Muchos de ellos compran allí el pan cada día, pero no deseaban su cierre, solo que se corrigieran las deficiencias que provocaban esas supuestas molestias. Algunos de esos vecinos se han desmarcado incluso de las denuncias, de la que responsabilizan expresamente a un miembro de la comunidad muy dado a los litigios.

Cuando los servicios municipales de Edificación y Actividades recibieron la denuncia se fueron a los archivos municipales y detectaron que “no consta licencia municipal de apertura para la actividad de panadería, ni declaración responsable que habilite el ejercicio de la actividad, lo cual es necesario” según un decreto de 17 de junio de 1955“, es decir, de medio siglo después de que se abriera al público el establecimiento.

Este hallazgo situó en un segundo plano la denuncia vecinal: si no hay licencia, no puede haber actividad y si no hay actividad, no hay molestias. 

Los hijos de Miguel Díaz alegaron que disponían de licencia, pero solo puderon aportar unos justificantes de haber pagado algunos impuestos, entre otros el de Actividades Económicas. Además, trasladaron al Ayuntamiento su deseo de corregir las deficiencias que habían ocasionado la denuncia de los vecinos mediante un proyecto de una empresa especializada en climatización y evacuación de gases.

Aunque el expediente se abrió en agosto pasado, no ha sido hasta el pasado día 13 cuando se le ha incorporado un informe legal que concluye que la industria debe parar y cerrar sus puertas por no tener licencia de ningún tipo.

Arístides Díaz, hijo de Miguel Díaz, quien sigue dando nombre al negocio, dijo este viernes a Canarias Ahora que el abogado de su gestoría opina que bastará con cambiar el titular de la licencia, su padre, a los actuales administradores. Pero no es lo que sostiene el Ayuntamiento.

La alcaldesa, Carolina Darias, que se confesó clienta ocasional, se ha mostrado comprensiva con las circunstancias que atraviesa la panadería Miguel Díaz, pero ha declarado públicamente que no puede mantener su actividad si no cumple con la legalidad vigente. Supondría no solo una vulneración de las normas que ella está obligada a hacer cumplir, sino también un agravio comparativo con los demás empresarios y empresarias que las contemplan.

Fuentes municipales han reconocido a este periódico que este caso no es único en el Ayuntamiento. Han aparecido otros muchos negocios de atención al público que fueron en su día traspasados a sus actuales propietarios sin la correspondiente licencia y que por distintas circunstancias afloraron sus carencias legales. En todos los casos, han asegurado estas fuentes, esos establecimientos tuvieron que cerrar sus puertas hasta resolver los trámites administrativos antes de volver a abrir.

Es lo que habrán de hacer ahora los hijos de Miguel Díaz y Juana Sosa (la persona que figura actualmente como titular de la panadería): tramitar una licencia por la que se autorice su actividad como despacho de pan y obrador. Para la primera no se barruntan graves dificultades, pero para el establecimiento de una industria de fabricación de pan en pleno corazón de la ciudad, puede que sí.