Menos mal que la prensa había decidido pedir perdón al injustamente acusado de los delitos de homicidio, malos tratos y abusos sexuales, porque si el propósito hubiera sido hundirlo más, no nos queremos ni imaginar lo que le hubieran hecho todos los que, a continuación, reprodujeron la entrevista de la radio autonómica como si de un documento único se tratara. El abogado de la víctima, Plácido Alonso Peña, ya ha anunciado acciones penales contra la emisora pública canaria por entender que, de haber habido autorización del entrevistado a conceder una entrevista así, aquella sería nula de pleno derecho por haberse obtenido con su defendido sometido a un fuerte tratamiento psiquiátrico y bajo una depresión de caballo. O sea, sin una autorización válida. Paulino Rivero, dueño de la cadena, dio la cara este jueves, pero no para pedir disculpas por esa entrevista tan rechazable, sino para exigir que se abra una investigación por parte de la Agencia de Protección de Datos para averiguar dónde se vulneró el secreto y la privacidad de las personas que aparecen en informes médicos. Ya le adelantamos que ningún informe médico incluye el nombre del presunto o presuntos agresores, sino el de la víctima, que por una vez fue respetada en su identidad.