Para lo único que sirve el auto de la juez Zabala, emitido este miércoles, es para su propio y fallido intento de lavarse las manos y echar el muerto de la censura previa a la comisión judicial y a los agentes de la Guardia Civil que actuaron el lunes siguiendo sus designios. Porque en esta nueva resolución, la instructora matiza que lo que ella autorizó fue “la intervención o el precinto de soportes electrónicos, informáticos o de cualquier tipo que contengan los productos protegidos por la propiedad intelectual, e impedir que sean objeto de difusión y/o emisión, sin que ello se extienda a la emisión de cualquier otro contenido por parte de la emisora de radio objeto de las presentes diligencias, no limitando de ninguna forma la emisión o radiodifusión de cualquier otro contenido que no esté protegido por la propiedad intelectual, no siendo objeto de este procedimiento contenidos que no queden incluidos en lo anteriormente descrito y por tanto no sean de lícita procedencia”. Y añade en el siguiente párrafo: “Acordándose, en caso de que se hubiera interpretado en un sentido no acordado por esta juzgadora [querrá decir instructora] al levantamiento, si lo hubiere, de cualquier restricción que se haya producido [querrá decir podido] realizar en los aparatos de emisión”. Es imposible, salvo que en el juzgado hayan inventado un método revolucionario, confiscar equipos para la emisión de música distintos a los que se utilizan para el resto de la programación. Por lo tanto, o la Guardia Civil devuelve todo lo intervenido, o no habrá manera de que el auto de aclaración de la juez sirva para algo más que para salvarse ella del despropósito cometido.