Los vestidos de Amor y la casa de Mario Cabrera

Un lunes como este es de esos días en los que no se sabe por dónde empezar. ¿Quizás por los cetáceos y las tortugas del Golfo de Valencia, más valiosos para el Ministerio de Medio Ambiente que toda la biodiversidad de Canarias? ¿O empezamos por la amenaza de Repsol de reclamar 100 millones de euros si el TSJC le paraliza cautelarmente las prospecciones? Puede servir también la decisión de la jueza Carla Bellini de pedir al Patronato de Turismo que le separe la paja del trigo, esto es, ¿quiénes eran diputados y senadores y quiénes actrices de culebrones o productoras de espectáculos en el tremendo montaje de las cuchipandas a altos cargos del PP en Fuerteventura? Empecemos por esa isla, la isla de moda para muchas cosas buenas, pero también la que concentró este lunes algunas suculentas noticias. La magistrada Carla Bellini, de la Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de Canarias, que investiga el supuesto pago indebido (saqueo del Patronato de Turismo de Fuerteventura) de estancias y coches de alquiler a favor de destacados miembros del PP, continúa investigando a Águeda Montelongo y a su equipo. Su más reciente diligencia, de la que les hemos dado cuenta, y cuyo resultado ya nos atrevemos a anticipar porque fue este periódico el que destapó el escándalo: para pagar hoteles y relajo a los invitados del PP, el Patronato de Turismo se inventaba historias de enanos de los bosques como que ese dinero se destinó a pagarle la estancia a rutilantes estrellas del show business para que promocionaran la isla. Mentira cochina que la juez verificará muy pronto. La gestión de Águeda Montelongo al frente del Patronato de Turismo de Fuerteventura dejó un reguero de pufos, algunos de los cuales pudieron pararse cuando fue fulminantemente apartada del poder por su socio, Coalición Canaria, que empezó a revisar las cuentas a ver qué más había debajo de las alfombras.

4.000 euros para dos vestidos de Amor Romeira

Fruto de esa revisión ha sido el hallazgo de unos 300.000 euros comprometidos en facturas para acciones, si no sospechosas, al menos sí desproporcionadas. Traemos hoy aquí a colación los 4.000 euros que la señora Montelongo dejó comprometidos para pagarle “dos vestidos de fiesta-espectáculo, realizados en palma de avestruz, cristal, gasas strass, fornituras y aplicaciones, tocado de cristal, aderezos, pulseras y complementos para la actuación del personaje televisivo Amor Romeira durante el evento Orgullo LGTB Madrid 2008”. Así consta en el expediente custodiado en el Cabildo majorero para vergüenza ajena y bochorno propio. El gasto se quiso justificar como “promoción del producto gay en la isla”, para lo cual también se destinaron otros fondos a una guagua, una carroza y a un convenio de 24.000 euros con una asociación que habría de fomentar la tolerancia. 4.000 euros para dos vestidos de la concursante de Gran Hermano Amor Romeira no es que parezca caro, es que es un dispendio absolutamente descomunal. Si ha de pagársele un caché a un artista, se le paga (previa alta en la licencia fiscal correspondiente y al día en el seguro autónomo), pero tener que correr también con el vestuario clama al cielo. Llama la atención que estas facturas por 300.000 euros de las que iremos dando cuenta poco a poco las haya dejado pendientes nada menos que la que se ha erigido dentro del PP en martillo de malversadores públicos y en perseguidora incansable de los excesos de la tele canaria. Mira que tiene gente el PP, seguramente mucha sin una mácula en el expediente, para denunciar todo lo denunciable, pero elegir a Águeda Montelongo para estos menesteres y con estos antecedentes es una auténtica atrocidad. Como se puede apreciar sin ir más lejos.

¿Caso Mario Cabrera o caso Manolín Travieso?

En su afanosa búsqueda de algo que pudiera taparle las vergüenzas a Águeda Montelongo, el PP de Fuerteventura, con su presidenta a la cabeza, no hace más que denunciar imposibles (hasta ahora) escándalos ajenos. Lo intentó con Marcial Morales a poco de estallar el caso Patronato inventándose que el alcalde de Puerto del Rosario se había hecho con la propiedad de un piso por métodos nada nobles, es decir, como dádiva o cohecho tras un favorcete político. Como no pudieron probar ninguna debilidad de Morales, que se compró la casa con préstamos familiares que sigue pagando, acto seguido se fijaron en el presidente del Cabildo majorero, Mario Cabrera, del mismo partido, es decir, Coalición Canaria. Y lo que encontraron se lo proporcionó nada más y nada menos que un ex de Asamblea Majorera, también ex alcalde de Puerto del Rosario, Manolín Travieso, que se enfrenta a un problemón penal de tararí y no echar gota como se pruebe ante los tribunales que se llevó el expediente urbanístico de la casa de Mario Cabrera en 2006 con fines nada administrativos. Ese expediente tiene una página que hace las delicias de los adversarios políticos de Cabrera: siendo alcalde de Puerto del Rosario el socialista Eustaquio Santana, con una aplastante mayoría absoluta, le mandó parar la casa a principios de los noventa por haberla comenzado tan solo con licencia verbal del concejal de Urbanismo y tras haber presentado los papeles. Cabrera paró las obras y esperó por la licencia, que le llegó muy pronto, y terminó la casa ya con todas las bendiciones en 1994. Así consta en el expediente del que se apropió Manolín Travieso en el corto intervalo de tiempo que transcurrió entre que se reincorporó a su puesto de letrado municipal tras abandonar la alcaldía alegando “razones personales” y su nueva excedencia en el consistorio para dedicarse a su despacho profesional de abogado y a fundar un partido, Asambleas Municipales de Fuerteventura (AMF) desde la que ha perseguido a sus antiguos compañeros de Asamblea Majorera por tierra, mar y aire. Con un resultado ciertamente frustrante. Ahora se enfrenta a una posible causa penal que transformará el caso Mario Cabrera en el caso Manolín Travieso. Y tiro porque me toca.

Manolín perdió los papeles

El problema de Manolín Travieso, ex alcalde de Puerto del Rosario, es que no tiene cabeza. No la tiene para la política, como ha podido comprobarse en estos pocos años en que regresó al terrero al frente de Asambleas Municipales de Fuerteventura para conseguir un acta de consejero en el Cabildo de la isla. Su otro compañero de aventura, Sergio Lloret, que ha decidido regresar a la casa madre de Coalición Canaria no sin pasos traumáticos, acabó hasta los cachivaches de Travieso por la obsesión que éste ha evidenciado de venganza hacia quienes ni siquiera tuvieron la oportunidad de echarlo. Porque Manolín se marchó en 2005 por “motivos personales”, dejando en manos de Marcial Morales la alcaldía de Puerto del Rosario. Su marcha, que parecía definitiva, se tornó de repente, un año después, en una vuelta grotesca. En 2006 se presentó en el archivo de expedientes del Ayuntamiento y se llevó el de la casa de Mario Cabrera y el de la casa de Domingo Fuentes Curbelo, por entonces secretario general del PSOE en Fuerteventura. El encargado del archivo no sospechó nada raro: al fin y al cabo se trataba de un funcionario, letrado consistorial por más señas, y se los entregó sin ni siquiera hacerle firmar un papel. A las continuas llamadas para que devolviera los expedientes al ayuntamiento, que abandonó tiempo después para regresar a la actividad privada, Manolín Travieso respondía siempre con evasivas, hasta que al presidente del Cabildo se le llenó la cachimba, harto de aguantar anónimos sobre la presunta ilegalidad de su casa, y decidió actuar. En su nombre lo ha hecho Marcial Morales, que ha mandado el asunto a la fiscalía no vaya a ser que por esto de las carambolas políticas y judiciales, le vaya a terminar por caer encima a él el marrón. Pero, a todas estas, ¿dónde coño están los expedientes? Los que conocen a Travieso saben que no está tan loco para habérselos comido, y que sus conocimientos jurídicos lo colocan ante una causa penal difícilmente esquivable. Pero esos mismos que lo conocen tan bien saben que su mala cabeza, su desorganización vital, pueden haberle jugado nuevamente una mala pasada: no ha devuelto los expedientes sencillamente porque no tiene ni puta idea de dónde los ha metido.

Grotesco papelón del PP

Conocedor de todas estas vicisitudes, y seguramente de que el alcalde de Puerto del Rosario ya ha actuado, el PP de Fuerteventura se lanzó este lunes a comunicar urbi et orbi que metía en la Fiscalía al presidente del Cabildo de Fuerteventura por unos delitos imposibles de cometer o, en su defecto, más prescritos que el caso Naseiro. Pretender acusar a la víctima de una persecución o de la sustracción de un expediente municipal en el autor del mismo delito que habrían en todo caso cometido los custodios o los sustractores, es tan marciano que hasta produce conmiseración (o desprecio, táchese lo que no proceda). Tiene muchos Trillos que los mismos que ahora se aprovechan de la sustracción del expediente de Mario Cabrera arremetan penalmente contra él por esa misma sustracción, algo de lo que habrían de responder primero, el sustractor, y acto seguido, los responsables de la Administración custodia. Pero que, encima, pretendan empurarlo por haberse construido sin licencia una casa (no un chalet, una casa) en 1994 ya es para echarse a llorar. En el mismo expediente que el PP maneja aparece la licencia de primera ocupación, con las tasas pagadas por el administrado, lo que imposibilita poder acusarle de ilegalidad urbanística. Pero, si así fuera, un delito urbanístico de 1994 no es que esté prescrito a estas alturas, 20 años después, es que huele a momia. Para colmo, Cabrera tuvo que cargar con las miserias políticas de entonces y de ahora, y donde otros ciudadanos pagaban solamente 25 pesetas de una póliza (por una bonificación de licencias decretada por el Ayuntamiento), él tuvo que aflojar la nada despreciable cantidad para la época (1994) de 582.000 pesetas (casi 3.500 euros), como acreditan los documentos oficiales que el Ayuntamiento ha podido rescatar para ir reconstruyendo el expediente que Manolín se llevó. La denuncia que el PP interpuso este lunes es, por lo tanto, carne de archivo, como saben sus autores materiales e intelectuales. Pero no se preocupen ustedes porque lo que realmente buscan no es imputar a Mario Cabrera, algo legalmente imposible, sino poder decir que no lo imputaron porque los delitos denunciados están más que prescritos. Ni que no los conociéramos a estas alturas del curso.

Otro atropello del Gobierno de Mariano

Se van cumpliendo, paso a paso, los peores vaticinios. El Gobierno de España sólo quiere atropellar a Canarias con las prospecciones petrolíferas y dejar fuera de los riesgos que éstas comportan a otras comunidades autónomas gobernadas por el PP. Lo acaba de hacer con Valencia, declarando intocables los innegables valores ambientales de su mar, y lo hará sin duda con Baleares, donde también se tramitan permisos para explorar frente a una contestación unánime de la sociedad, incluyendo en este caso lo que en Canarias no se ha conseguido: el rechazo del poderoso sector turístico. ¿Cabe ya alguna otra prueba de Mariano Rajoy y José Manuel Soria han actuado con absoluta premeditación y alevosía contra el pueblo canario? No ha medido muy bien el Gobierno del PP las consecuencias de esta absoluta discriminación territorial, y no solo por las consecuencias electorales, políticas y sociales que se les vienen encima, sino por las que puedan tener que ver con resoluciones judiciales pendientes. Es decir, si el mismo Gobierno cree sensibles las especies del Mediterráneo y no las del Atlántico vinculado a Canarias, tiene un problema para explicárselo a los tribunales de justicia ante los que hay reclamaciones precisamente derivadas de estas cuestiones ambientales. La decisión valenciana es un acierto conservacionista pero un auténtico disparate político y judicial. Que cada uno acarree a partir de ahora con las consecuencias.

Repsol reclama 100 millones de indemnización

Se veía venir desde el mismo momento que supimos que la petrolera Repsol amenazaba a tirios y a troyanos, a políticos y a jueces, con marcharse “para siempre” de Canarias en el caso de que el Tribunal Superior de Justicia acceda a paralizar cautelarmente las prospecciones en Sandía 1, la primera cuadrícula donde se busca petróleo. El mismo periódico donde los de Brufau y su compadre Soria vertieron tal amenaza, La Provincia, se hizo eco este lunes de otra más: si nos paralizan los permisos reclamaremos onerosas indemnizaciones, incluso de 100 millones de euros; toma, Paulino, para que te enteres. Una advertencia muy goda que, además, tiene unas fisuras enormes. ¿Quién tiene que indemnizar? ¿El que recurre o el que otorga autorizaciones sin las debidas prescripciones legales y/o ambientales? Lo hemos repetido infinidad de veces en esta sección: autorizar con la ligereza con que lo han hecho Soria y Cañete solo cabía en la lógica de quienes quieren otorgar unos derechos de urgencia para que el titular de los mismos pudiera reclamar llegado el momento. Pero aun así, aun atendiendo a esa chulería de Repsol, ¿de dónde saca esos 100 millones de euros de indemnización? ¿Del gasto que ha tenido que desembolsar por los trabajos del Rowan y sus buques de apoyo? ¿De unas expectativas que sólo el operador (José Manuel Soria, ministro de Industria) ha alimentado? Porque si a las cifras objetivas nos tuviéramos que atener, a Repsol sólo cabría indemnizarle con 40 millones de euros que es la cantidad que el Gobierno de Mariano Rajoy le obligó provisionar para hacer frente a posibles daños por esas prospecciones. Y, en todo caso, que pague el operador, que es el que se ha empeñado en este engendro. Como dice el mago, el bautizo que lo pague quien lo jiso.