No eligió un buen sitio Mariano Rajoy para hablar de respeto por los dineros de los contribuyentes, sin que sea preciso que algunos de los casos que hemos expuestos se substancien en los tribunales, como claman los dirigentes del PP al tiempo que ponen todas las pegas del mundo para que los juicios puedan celebrarse. Caso aparte merece el presidente de la Autoridad Portuaria de Las Palmas, Javier Sánchez-Simón, considerado por muchos un satélite libre que transita por la galaxia sin someterse a las rigideces de la disciplina soriana. Hasta ahora habíamos resaltado de él, además de su incuestionable independencia para determinadas decisiones, su capacidad para reconducir la siempre maltrecha institución portuaria. Hasta que hemos leído el informe general de Auditoría de la Intervención General de la Administración del Estado correspondiente al año 2008. Resulta altamente alarmante ver en el listado cómo la Autoridad Portuaria de Las Palmas recibe una denegación de opinión de auditoría, lo que viene a significar que las cuentas no han pasado el examen de ese órgano fiscalizador. Cierto es que uno de los motivos responde a las “incertidumbres” que generó a los auditores la ausencia de cuentas anuales de Sestiba, de la que la Autoridad Portuaria ostentaba entonces el 51%. Pero hay otro motivo más inquietante: que haya que devolver una subvención de 11,7 millones de euros procedentes del Feder “por eventual incumplimiento de los requisitos exigidos por la normativa”.