La lamentable muerte de un trabajador en el Martín Freire no acarreó la mínima asunción de responsabilidades políticas, lo que hace tiempo que no constituye una novedad en el Cabildo de Gran Canaria. El grupo de gobierno ha preferido dedicar sus esfuerzos y los del erario público a llegar a un acuerdo económico con la familia del fallecido, de modo que ésta se retirara del procedimiento penal que se sigue en los juzgados de Las Palmas de Gran Canaria. No ha habido igual fortuna con los sindicatos, que parecen empeñados en continuar adelante con su acusación y en encontrar responsables en la presunta negligencia que dio como resultado la muerte de una persona en unas instalaciones públicas. No sólo parece haber indicios para continuar con el procedimiento penal, tal y como ha decretado el juez que investiga el asunto, es que también está sobre el tapete el ya nada soterrado enfrentamiento entre los dos sectores en que se haya dividido actualmente el Instituto Insular de Deportes. Es la herencia de dos modelos de gestión que, a su vez, se corresponden con los nombramientos anteriores a la llegada del PP al Cabildo y con lo hecho por los actuales mandamases.