Vamos a ver si entre todos encontramos la verdad, que para eso nos pagan. Desde hace muchos meses venimos denunciando en este periódico el descarado despilfarro del Gobierno de Canarias con los programas informáticos, concretamente con dos de ellos, el Sefcan, destinado a la Consejería de Economía y Hacienda, y el Atlante II, destinado a la Administración de Justicia. Ambos han supuesto para los contribuyentes canarios un gasto superior a los 37 millones de euros, repetimos, 37 millones de euros, y ambos vienen convirtiéndose en auténticas pesadillas para sus usuarios, los funcionarios, y para los ciudadanos, que a su vez sufren las consecuencias de los desastres informáticos por la inoperancia de esas aplicaciones. De Sefcan volveremos a ocuparnos pronto, que no deja de ser noticia ese despilfarro promovido por José Manuel Soria, el rey de los concursos millonarios con resultados desastrosos. Centrémonos hoy nuevamente en el Atlante II, porque el Consejo General del Poder Judicial ha concluido que es una auténtica calamidad. Así lo recogemos en nuestra edición de hoy en una noticia que deja como mentiroso al consejero de Presidencia en funciones, José Miguel Ruano, que llegó a emitir en su día un comunicado asegurando que el programa había superado los test del órgano de gobierno de los jueces, el mismo que ahora lo descalifica. Pudiera ocurrir, no lo negamos, que el CGPJ, en una evaluación teórica, se creyera las explicaciones técnicas sobre esta aplicación, pero en la primera ocasión en que ha podido hacer un test práctico, se ha tropezado con la dura realidad: Atlante es un paquete y nos ha costado a todos los canarios un ojo de la cara. Y la yema del otro.