Tiene en parte razón Jerónimo Saavedra cuando asegura que en el asunto de Alberto Amorós hay algo más que responsabilidad política. El asunto se cerró el falso en el Parlamento por la inveterada costumbre que tiene la Cámara autonómica canaria de no hacerle puñetero caso al órgano fiscalizador. Sus dictámenes están siempre sometidos al bananero juego de las mayorías que, ni siquiera cuando se trata de las cosas de comer, tiene un poco de por favor. Adán Martín y Miguel Becerra tienen razón cuando dicen que el asunto no ha ido al fiscal, pero se equivocan cuando justifican tal aseveración en que no debe haberse detectado delito. Repasando nuestros archivos nos hemos encontrado con que desde febrero de 2004 existen escritos de los funcionarios de la Audiencia de Cuentas alertando sobre la existencia de indicios de delito en la gestión de Amorós. Son las dos audiencias, la técnica y la política. Cada una por su lado, como si no se conocieran de nada.