Suponemos que don Miguel Cabrera-Pérez Camacho no impedirá que el próximo pleno del Parlamento debata las cuatro preguntas registradas este viernes por el PSOE para que el Gobierno explique el papelón que ha hecho con la frustrada queja al Consejo General del Poder Judicial contra la magistrada Victoria Rosell. Ya saben que el órgano de gobierno de los jueces ha contestado con un contundente archivo en el que apela a la libertad de expresión de la juez, que osó colorear en tonos rojizos la faz de algunos miembros y ex miembros del Ejecutivo autonómico a cuenta del escándalo de Tebeto y sus ya acreditadas negligencias políticas y administrativas. Como quiera que el PSOE no admite que ese patinazo institucional quede en nada, ha preguntado si, por ventura, alguien va a asumir responsabilidades políticas, si el Gobierno se va a retractar con los mismos medios que utilizó para montar el numerito, si va a continuar esa senda de intentos de amedrantar a los que le critican y cuánto costaron los dos informes jurídicos externos encargados para empujar a los Servicios Jurídicos de la Comunidad Autónoma a anotarse un nuevo ridículo legal.