La inseguridad jurídica se ha apoderado de la situación en que se encuentran, de momento las adjudicatarias de TDT regionales y de la isla de Tenerife, porque ahora quedan a expensas de los correspondientes recursos de casación ante el Supremo, lo que supone que el marrón correspondiente se lo comerá el Gobierno entrante. De ahí que Paulino Rivero y los suyos no hayan movido ficha para negociar una salida que no convierta esta sucesión de sentencias en una nueva sangría económica para las arcas públicas canarias una vez las empresas adjudicatarias pierdan las concesiones y con ellas todas las inversiones realizadas y por realizar. En el sector se especulaba este viernes con cantidades que podrían oscilar entre los 40 y los 50 millones de euros. Para colmo, las expectativas de negocio con las que acometieron este proyecto las actuales ajudicatarias no se han cumplido, bien por el estallido de la crisis económica y la caída de la publicidad, bien porque el negocio de las TDT, sin desarrollar en todas sus vertientes, no ha sido del calibre que se esperaba.