Analicemos, por poner un ejemplo, el caso de la consultora KPMG en el Servicio Canario de Empleo (SCE). Claudio Alberto Rivero Lezcano, del que ya se podía presagiar que tras su nombre vendrían culebrones, director del invento, contrata a su empresa de auditoría preferida, en contra de lo que le dice la Intervención General de la Comunidad Autónoma. Da igual, desde ese instante ya sabía cómo solucionar el problema llegado el momento cumbre en que la compañía presentara su factura, de importe superior a los 300.000 euros. La tramitación de la nulidad, imprescindible para la venturosa convalidación, se produce a un ritmo frenético. La empresa presenta la factura el 15 de noviembre de 2004; el 26 se pone en marcha el expediente de nulidad y se da trámite de audiencia al contratista. El 13 de diciembre emite informe la letrada departamental, el 15, la Subdirección de Formación; el 16 ya hay una propuesta de resolución sobre la mesa, y el 20 se pronuncia la Intervención Delegada. El 23 de diciembre informa favorablemente el pago la jefa de Contratación y Patrimonio y, antes de que termine el año, con el presupuesto de 2004, cobra el contratista. Un primor.