Como les hemos contado en esta misma sección, el Gobierno de Canarias también detectó en algunas ofertas presentadas por Díez & Romeo al concurso de asignación de frecuencias en las islas algunos documentos que podrían haber sido falsificados. En concreto todo parece apuntar a que numerosas ofertas que no se presentaron en plazo aparecieron con unos sellos de la oficina de Correos de Arucas que pudieran haber sido falsificados. La Fiscalía de Las Palmas, a quien se dirigió el Gobierno en vez de ir al juzgado de guardia de la ciudad norteña, se tomó su tiempo, y unos meses después de ser instada por el Ejecutivo, se dirigió a la sociedad estatal para pedirle que le informara de la autenticidad de aquellos cuños. Desconocemos en qué situación se encuentra la investigación, si Correos tiene o no constancia de la falsificación, pero es probable que pronto se produzcan citaciones judiciales para que declaren ante la justicia los responsables de Díez & Romeo, los de la oficina de Correos en Arucas, el Gobierno y algunas empresas concursantes. El bufete madrileño está en un auténtico atolladero, porque por salvar a aquellas 40 empresas cuyas ofertas presentó fuera de plazo ha puesto en peligro no sólo su prestigio y hasta su carrera profesional, sino el concurso de radios en su conjunto, y con él las licencias que consiguieron otros clientes que no corrieron igual suerte que los fuera de plazo. Porque lo mejor que le podría suceder a este inquieto despacho de abogados es lo que ocurrió en Valencia, que se anule el concurso y se vuelva a convocar otro. Y que los señores Díez y Romeo se centren exclusivamente en su defensa penal y no en la inmensidad de indemnizaciones que les van a reclamar los afectados.