Ante un escenario así, ¿qué es lo que quiere privatizar el Partido Popular? ¿Cuál es exactamente el modelo que pretende con su iniciativa parlamentaria? El texto del comunicado emitido este lunes por el diputado Moreno es esclarecedor: que el Gobierno decida entre tener una televisión o los gastos sociales. Dicho así, con ese desparpajo que viene caracterizando todas las proclamas del PP cuando de meterle el dedo en el ojo a Paulino se trata, hasta parecería razonable. Incluso sorprendente: el PP defendiendo el gasto social. Si fuera sincero ese propósito de dar prioridad a lo esencial frente a los medios informativos de titularidad pública, cabría preguntar al señor Moreno (para que éste se lo traslade a quien le ordenó la iniciativa parlamentaria) si el PP tiene previsto cerrar el centro de producción de programas de Televisión Española en Canarias, con una plantilla muy similar a la que tiene Videoreport Canarias y el ente público RTVC pero produciendo una décima parte de su programación. Y con un director nombrado a dedo por Soria, Carlos Taboada, que se embolsa la nada desdeñable cantidad de 82.000 euros al año, 22.000 más que los que cobra el denostado Willy García. No, la intención no es privatizar, ni siquiera optimizar esos 32 millones de euros que están costando ahora los medios autonómicos. De lo que se trata realmente es de hacer desaparecer la voz de las comunidades autónomas, suprimir el servicio que esas televisiones prestan en toda España, que en el caso de Canarias, se convierte en esencial si tenemos en cuenta sus características. Y que oiga un solo mensaje. Lo malo es que no se atreven a decirlo.