Pero además de los efectos colaterales derivados de las majaderías de José Manuel Soria, que alienta siempre que puede esas teorías sobre la confabulación contra la corrupción de su partido, en casos como estos ineludiblemente salen dañadas personas que procuran hacer su trabajo de manera prudente y discreta, que tratan de conservar su empleo sin mayores complicaciones que las que ya proporciona el día a día. Es el caso de la juez sustituta del Juzgado de lo Penal 2 de Las Palmas de Gran Canaria, María Teresa Durán, que involuntariamente se ha convertido en noticia por ser el blanco de las críticas de Salvador Alba. En su escrito al CGPJ, el portavoz de la APM pidió expresamente que se investigara a esta juez por no haberse abstenido en causas en las que intervino su esposo como representante del Ministerio Fiscal. No es la primera vez que desde el entorno de Alba se formula esta queja concreta contra la juez Durán, quejas que siempre han terminado con el resultado de archivo. Hasta el fiscal jefe provincial, Guillermo García-Panasco, salió este lunes en su defensa para recordar que esta profesional puede juzgar asuntos que contengan calificaciones realizadas por su esposo. En los casos en que éste habría sido designado fiscal para la vista oral, la juez solicitó siempre un cambio de representante del Ministerio Público, y siempre se accedió a esa petición, según sostienen todas las fuentes jurídicas consultadas. Ante los micrófonos de CANARIAS AHORA RADIO, Salvador Alba reconoció ser partidario de que las sustituciones y los refuerzos los hagan jueces titulares que complementen su salario, aunque eso vaya en detrimento de la atención que han de prestar al juzgado o la plaza de los que son titulares. A él se le conocen varias solicitudes simultáneas que compatibilizar con su puesto de magistrado de la Sección Sexta de la Audiencia Provincial.