Al lunes siguiente, el sufrido ciudadano reciclante telefoneó al Cabildo de Gran Canaria para que le confirmaran que la normativa a aplicar era realmente la que le habían dicho en el punto limpio de Vecindario. Y, efectivamente, confirmado en todos sus extremos. Al disgusto le añadieron al ciudadano una recomendación, que se pusiera a llamar a las distintas empresas de reciclaje para ver cuál de ellas se podía hacer cargo de los residuos de la firma para la que trabaja. Ni que decir tiene que en ese preciso instante al contribuyente en cuestión se le quitaron para siempre las ganas de reciclar, porque, la verdad, descubrir que las Administraciones están ahí puestas para que los ciudadanos trabajen para ellas hasta en cuestiones tan sencillas como recoger los residuos separados, es para echarse a llorar. O mejor, meterlo todo en la misma bolsa y tirarlo sin separar en el contenedor más cercano, sea de carga frontal, lateral o por el procedimiento de pino-puente.