Efectivamente, a pesar de las múltiples advertencias de Mayoral a Soria y a Paulino sobre la necesidad de nombrar a los representantes de las instituciones en el nuevo consejo de administración de la Autoridad Portuaria, el Gobierno miró para otro lado. Con tan sólo catorce consejeros el órgano se reunió y, entre otras cosas, tomó dos acuerdos que frenan las pretensiones del clan de Arnáiz, aquel que anda reuniéndose en pasillos, bares y despachos particulares diseñando el equipo de jefes de áreas y de departamentos que habrían de tomar el poder al asalto una vez Mayoral sea relevado por Javier Sánchez Simón. El consejo decidió este jueves que será ese órgano quien acepte o rechace los nombramientos de personal de confianza que quiera hacer el nuevo presidente, salvo que se vuelva a delegar en él tal prerrogativa, para lo que habría que volverlo a debatir.