Cuando el sistema político despierta de repente

La política tiene una velocidad de crucero que no es precisamente muy alta. Siempre hay motivos para echar el freno. Todos los problemas son muy complejos. Es necesario recabar los apoyos de partidos muy diferentes. No hay recursos suficientes para esas reivindicaciones. A veces, con no mucha frecuencia, sufre una urgencia extraordinaria. De repente, un problema que se contempla a largo plazo pasa a ser prioritario. Necesitamos una solución para ayer. Todo lo demás es secundario.

El desahucio de Maricarmen Abascal en Madrid ha provocado este efecto de aceleración en el Gobierno y sus aliados. Lo que era imposible hasta hace unos días parece ahora factible. Queda un trecho para que aumenten las posibilidades de un acuerdo, pero nadie puede descuidarse. Hay una fecha límite, con el Consejo de Ministros del martes 29, para presentar un decreto que impida que se repitan casos como el de la anciana de 87 años, pero que también cambie toda la regulación sobre alquileres y otros asuntos. Son objetivos ambiciosos en los que existen claras discrepancias entre el PSOE y Sumar.

Ambos partidos se arriesgan a coronar estos esfuerzos con una derrota. Ahora o cuando el decreto deba ser ratificado como muy tarde en un mes en el Congreso, donde el apoyo de Junts y Podemos será esencial. “No vale con medidas fiscales. Necesitamos limitar los precios del alquiler”, explicó Mónica García. El PSOE necesita hacerlo de forma que reciba el visto bueno de la izquierda (sus socios) y la derecha (Junts y PNV). Con Junts, las reducciones fiscales son casi obligadas en una negociación. El problema es que ponen más dinero en los bolsillos de los inquilinos, lo que hace que el casero tenga más motivos para aumentar el alquiler.

El Sindicato de Inquilinas que organiza la acampada en la Puerta del Sol plantea unas reivindicaciones de máximos. Sabe que no tendrá otra oportunidad igual en lo que queda de la legislatura. Cuenta con el apoyo de todos los socios del PSOE en el Congreso, que ofrecieron el lunes una imagen poco habitual de consenso con la presencia de Izquierda Unida, Movimiento Sumar, Más Madrid, Comuns, Podemos, ERC, EH Bildu y BNG. Las cinco medidas del sindicato son “irrenunciables”, dijo la ministra de Sanidad en nombre de todos. Entre ellas, la renovación automática de los contratos de alquiler, que en la práctica los convertiría en indefinidos.

Todos se hicieron una foto en la entrada del Hospital Gregorio Marañón, donde se encuentra ingresada Maricarmen. Tenían en las manos un cartel con las palabras “Enmienda Maricarmen”. La intención era clara. Ya no se trata de encontrar una solución para un problema grave que afecta a millones de ciudadanos, sino uno que lleva el nombre de una persona que ha concitado la solidaridad de muchos.

El Gobierno sabe que no va a llegar a las próximas elecciones con un balance sobre vivienda del que pueda presumir mucho. Aún peor sería que se presentara con un sonoro fracaso certificado por sus socios y el Sindicato de Inquilinas. Un catálogo de reducciones fiscales favorables a propietarios e inquilinos no cambiará la imagen de derrota y de aguda depresión entre los votantes de izquierda.

El Partido Popular ha acogido molesto este último acelerón de las negociaciones sobre vivienda que no esperaba ni deseaba. Cree estar en las mejores condiciones posibles para ganar las próximas elecciones. Alberto Núñez Feijóo insiste a los dirigentes de su partido –volvió a hacerlo el lunes– que no deben confiarse, que es lo que dice un líder cuando está seguro de que tiene la victoria en el bolsillo.

“Llevan ocho años ahogando a la oferta (de viviendas). Ocho años castigando a los propietarios. Ocho años protegiendo a los ocupas”, dijo en un discurso ante la Junta Directiva Nacional. Nunca antes han estado los alquileres tan altos como ahora y nunca los caseros han ganado tanto dinero, pero resulta que han sido castigados.

El PP y Junts no dejan de referirse a la ocupación como un problema real en el mercado de la vivienda. El partido de Feijóo ha puesto en marcha “oficinas antiocupación” en varias ciudades y regiones. La oficina de la Comunidad de Madrid recibió 1.039 consultas en 2024 y 994 en 2025. Entre junio de 2025 y mayo de 2026 tuvo 869 llamadas, una media de 2,38 al día. La oficina antiokupas de la Policía Local de València ha gestionado 45 casos en siete meses. Las cifras de Castilla y León tampoco ofrecen mucha actividad.

El PP acuñó el término “inquiocupación”, que permite señalar a los inquilinos como un peligro potencial para los dueños de pisos en alquiler.

“Ya es hora de que el PSOE entienda que esto no se resuelve con fotos ni vídeos con Mamdani”, dijo Gerardo Pisarello, de los Comuns, sobre los momentos compartidos por Pedro Sánchez y el alcalde de Nueva York. El final de la legislatura depende de lo que ocurra este martes en el Consejo de Ministros y del resultado de las negociaciones con los grupos parlamentarios. Cualquier tipo de promesa hecha o reiterada en la campaña tendrá mucho menos valor que los acontecimientos de estos días.