El motivo por el que Santa Cruz ha hecho el ridículo institucional y jurídico en la modificación de sus ordenanzas de Policía y de Buen Gobierno no es otro que el patinazo generado al producir una un expediente para cambiar las de1986 y no concluir el trámite administrativo iniciado. Como recordarán nuestros lectores, Ángel Salvador Llanos puso en marcha esa modificación para tratar de impedir que se distribuyera en Santa Cruz de Tenerife la edición canaria del periódico gratuito Metro. La empresa editora de ese diario, que ha desaparecido como consecuencia del cierre en España de la filial de Metro International, presentó alegaciones a esas modificaciones, invocando para ello derechos constitucionales, derecho comunitario y hasta la Declaración Universal de Derechos Humanos, además de normas administrativas y un puñado de principios alumbrados por el sentido común. El Ayuntamiento, quizás ante la contundencia de esas alegaciones, se limitó a no contestarlas, y como quiera que en estos asuntos no opera el silencio administrativo, la tramitación quedó anulada.