Con Setién de pope, la CEIC señala a Juan Cerpa, jefe de Servicio de Planeamiento Urbanístico, como responsable del cambio irregular de la calificación del suelo del Canódromo en el PGOU de 2000, careciendo absolutamente de informes técnicos y jurídicos que avalaran ese pase tan singular de dotacional a residencial, a la chita callando, vamos. De Cerpa sabemos que anda últimamente de baja laboral, vaya usted a saber por qué (¿no ha leído a Soria?), pero en el caso de los otros dos funcionarios señalados por su propio Ayuntamiento, Sergio Monche, jefe de servicio de Gestión Urbanística, y Miguel Hernández Díaz, arquitecto técnico municipal, concejales comisionados para investigar el gran pufo del Canódromo caen en la cuenta de las contradicciones en las que incurren a la hora de justificar por qué eligieron otro método técnico de tasación del suelo, que para nada tenía que ver con la ponencia catastral de valores vigente en LPGC desde 1996. La consideraron desfasada y aplicaron el denominado método residual estático, pero en el mismo tiempo y en el mismo espacio que su tasación del Canódromo, se ajustaron a la ponencia vigente al menos en otra decena de informes. Menos en la del Canódromo, con el consiguiente sobrecoste del valor del suelo, para mayor gloria del empresario que firmaría con Juan José Cardona, en 2002, la permuta mediante el convenio urbanístico de marras. ¿Cuál fue el resultado? Pues casi cuatro veces más del valor que hubiese supuesto aplicar la norma vigente en la zona....