Procedimientos penales y contenciosos aparte, los ojos de las empresas perjudicadas por el resultado del concurso de radios fijan su atención en tres bloques de adjudicaciones, los correspondientes a los empresarios Cortezo, Concepción y Herrero, que entre los tres superan las 60. En dos de estos casos hay oferta temeraria, sin duda, en el primero por la imposibilidad económica de ejecutar un panel de contenidos especializados y segmentados por comarca mediante una red de emisores y re-emisores que exigen cuantiosas inversiones y mucho gasto de mantenimiento. Es el caso de Jaime Cortezo, voluntariamente declarado en quiebra en un proceso judicial por estafa. Él y su socio, Francisco Chavanel, cuya relación también ha entrado en quiebra, buscan desesperadamente quién pueda hacerse cargo de la inversión, o en su defecto, les permita una joint venture que ahorre costes, comparta contenidos y devuelva a la Administración una parte de las frecuencias otorgadas. Operaciones todas ellas previas al comienzo de emisiones -y apagón de las que pasarán a la condición de ilegales- que están siendo observadas con lupa por todo el sector, el agrupado y el desagrupado, el que aplaude a don Pepito y el que espera tranquilo resarcirse de tantos años de ofensas gratuitas.