Ni las campañas de publicidad, ni las electorales, ni los exabruptos, ni los cantos de sirena, ni las medallas a la Policía. Nada, absolutamente nada, puede detener el paso inexorable del tiempo, y es en esa clave como se miden los plazos en la Administración de Justicia. Hace ya dos meses que comenzaron los plazos para que el alcalde de Santa Cruz tenga que ejecutar la famosa sentencia del Tribunal Supremo sobre Las Teresitas. Desde que a mitad de mayo su procurador, por fin, recibió la resolución que anulaba la compraventa de Las Teresitas, una de las operaciones más escandalosas de estos veinte años de gobiernos de ATI en la capital tinerfeña. Ya con la sentencia en la mano, Zerolo se ha dedicado a marear muchas perdices y soltar alguna que otra mentirijilla en campaña electoral, ha convocado dos plenos extraordinarios después de las elecciones, y hasta ha aprobado un decreto para recurrir la sentencia (es un decir) el mismo día que el TSJC notificaba al Ayuntamiento que la resolución del Supremo no sólo es firme, sino que la tiene que ejecutar casi de inmediato.