No siempre se puede culpar a los políticos del mal funcionamiento de las Administraciones públicas. Ellos marcan la línea política, aplican sus programas electorales, sitúan a personal de su confianza en los puestos que consideran de especial sensibilidad. Pero hay una parte importante del funcionamiento diario de las Administraciones que es responsabilidad directa de los trabajadores públicos, que tienen unos estatutos y unas obligaciones que cumplir esté quien esté al frente de la institución. No es de recibo que una propiedad como la de los cuarteles de Manuel Lois lleve siete años sin que nadie lleve al Registro de la Propiedad las escrituras para inscribirlo a nombre del Ayuntamiento. Como no es de recibo que los letrados consistoriales aún anden representando a esa Corporación en pleitos judiciales mostrando unos poderes notariales firmados por el alcalde José Manuel Soria, que dejó ese puesto hace ya cinco años y pico.