Ha llamado poderosamente la atención en medios políticos, judiciales y periodísticos el acuerdo de la Audiencia de Cuentas de Canarias de tramitar las denuncias de los particulares a través de los decanatos de los juzgados y no a través de la Fiscalía. Algunos denunciantes nos han llamado la atención sobre el particular, porque a pesar de que en sus denuncias han hecho constar la conveniencia de dar cuenta de lo informado al Ministerio Fiscal, la Audiencia de Cuentas envía los expedientes a los decanatos, lo que supone que esas denuncias entran en los repartos judiciales y las investigaciones siguen un curso ordinario. La Fiscalía dispone de seis meses para investigar y, en su caso, formular denuncia, mientras que los juzgados se ven en la tesitura de declarar secretas actuaciones y complicarse la existencia para, si no hay éxito inmediato, terminar archivando. O dilatando en el mejor de los casos. Algo falla, nos tememos.