Siempre hemos creído, y de hecho lo seguimos creyendo, que las investigaciones judiciales corren paralelas e independientes de los avatares políticos, incluso de las comisiones de investigación de los Parlamentos, cuando éstas se celebran. Y acaben como acaben, que esa es otra. Del caso Amorós y su paso por la Audiencia de Cuentas sabemos que la Fiscalía se interesó concretamente por algunas facturas abonadas a proveedores con dinero de la supuesta caja B que manejaba el entonces director general del Tesoro, Alberto Amorós. La denuncia del caso fue en mayo de 2006, la solicitud de papeles, en noviembre del mismo año. Ya ha quedado desaforado Adán Martín, luego ya se le puede llamar a declarar. Que por entonces era el consejero de Economía y Hacienda.