La penúltima pelotera del PP contra el Gobierno y su política antiterrorista está girando en torno a la excarcelación del etarra Antón Troitiño, puesto en libertad tras cumplir 24 de los 3.000 años a los que fue condenado por asesinar a veinte personas. Nada nuevo que añadir al numerito del PP, salvo algunos aspectos que quizás puedan resultar relevantes para entender el galimatías provocado por una sentencia del Tribunal Constitucional de 2008, ¡de 2008!, que ha dado como resultado esta primera excarcelación, que no será la última. Todo empezó, aunque no se lo imaginen, en 2003, cuando la Audiencia Provincial de Las Palmas dictó tres autos en torno a una ejecutoria por la que se denegaba a un preso, condenado por Instrucción 4 y Penal 3, la posibilidad de liquidar su condena computando el tiempo de prisión preventiva impuesto por otra causa. El penado, Abdelhakim Issaoun, recurrió ante el Tribunal Constitucional, que acabó dándole la razón y concluyendo que se vulneró su derecho a la libertad. El ponente de esa sentencia fue el magistrado Vicente Conde Martín de Hijas, elegido en el cupo propuesto por el Partido Popular. Por lo tanto, ya tenemos dos datos, cada cual más elocuente, que despejan cualquier tipo de sospecha acerca de la posible existencia de una mano negra del Gobierno socialista que haya intervenido en el Poder Judicial para poner en libertad al etarra Troitiño en aplicación de unas supuestas negociaciones con la banda terrorista ETA: la sentencia es de 2008 y su ponente no es sospechoso de actuar al dictado de las políticas antiterrorista de un Gobierno socialista. Pero es que hay más evidencias que deberían hacer enmudecer la fanfarria de la derechona y su escandalosa caverna mediática.