Diario de Campaña: Águeda pide el comodín Platero

Desde este viernes cualquier cargo público que quiera desviar fondos hacia su partido o gastarse el dinero de todos en una fiesta o en un hotel de cinco estrellas, tiene a su disposición una nueva fórmula. La vamos a llamar el comodín Platero. El método es sencillo: se cogen las facturas que se quieran hacer pasar por verdaderos gastos de la institución y se las mete en medio de una tonga grande de otras facturas que sí tienen justificación, se firman y se pasan al pago. Si nadie trinca al atrevido o atrevida, miel sobre hojuelas, pero si por arte del demonio un interventor avispado o un periodista inquieto pregunta por esos extraños gastos y la cosa termina en proceso penal por corrupción, el malversador o malversadora pide el comodín Platero y exclama: ¡ay!, mira tú que tontería, alguien desconocido me coló esas facturas en medio de un tocho, y como son tantas las que tengo que firmar cada día, ni me di cuenta, oye. Este mismo comodín ya es de aplicación también al delito llamado de “tráfico de influencias”. Si la justicia descubre que, aprovechando tu cargo público como diputado regional, aunque sea incompatible, pones en contacto a un empresario corrupto con un ayuntamiento corrupto de tu partido para un negocio corrupto por el que el empresario resulta condenado a prisión, no te preocupes: pides el comodín Platero y lo que en principio podía haberte supuesto una condena de prisión con inhabilitación se convierte en una absolución con la que ir echándote el pisto ante los adversarios políticos y los periodistas que contaron la historia desde el principio. El comodín en cuestión transformará tu tráfico de influencias en una especie de conversación informal de cafetería en la que, entre cortadito y carajillo, comentas con los parroquianos qué bien que le van a venir a la ciudad de Telde esas viviendas sociales que va a construir Grupo Europa amañando un concurso del Ayuntamiento, previo reparto de una parte de los beneficios futuros entre los concejales del PP y un par de técnicos de Urbanismo muy espabilados. Este viernes se conoció la sentencia del caso Patronato en la que Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de Canarias, con sede en el Palacio de San Agustín, ha absuelto a todos los acusados –entre ellos la diputada Águeda Montelongo- a pesar de dar por probado que la malversación, la prevaricación y la falsedad documental se produjeron, que el Cabildo de Fuerteventura pagó con el dinero de todos las cuchipandas y los hospedajes de altos cargos del PP. Pero el tribunal no aprecia indicios suficientes para corroborar que fuera Águeda Montelongo, responsable directa del Patronato de Turismo, la que diera la orden. Platero es pequeño, peludo y suave, tan ligero que vuela. Es un lindo burro volador.

1.000 documentos al año; cuatro al día

La sentencia ha sido hecha pública cuando debía, es decir, en plena campaña electoral, a pesar de que el juicio se celebró con la distancia temporal suficiente (septiembre) como para que se pudiera evitar esta clarísima intromisión en el proceso. Esto convierte en norma, por lo tanto, que en las altas esferas de la judicatura canaria sólo se pueden evacuar sentencias cuando beneficien al PP y celebrar juicios cuando no perjudiquen al PP, verbigracia, el juicio del caso Faycan. Pero, en fin, pelillos a la mar. Analicemos, ya sin más dilación, qué tesis ha defendido el tribunal para absolver a los tres acusados por el caso Patronato, ya saben, el desembolso de dinero público para agasajos hoteleros y un coche de alquiler a tres altos cargos del Partido Popular en sus visitas a Fuerteventura para actos de esa organización, mediante la falsificación de informes en los que los hicieron pasar por periodistas o actrices de culebrones mexicanos. La tesis principal, para no cansarles, es que los hechos se produjeron pero “la intervención de los tres acusados [Águeda Montelongo, el gerente del Patronato y un auxiliar administrativo] en los hechos constitutivos de delito debe abordarse apartando la imputación de la conducta delictiva a la mera formalidad ritual de la firma de los documentos administrativos de pago”. Y aún hay más: “El hecho de su firma [de la señora Montelongo] en los documentos administrativos contables propios de la tramitación de los pagos no implica (aisladamente, se insiste) que conociera el hecho del pago irregular de los gastos con cargo al Patronato, dado el volumen de su firma (aproximadamente mil firmas al año) y máxime dada la tan magra cuantía de los gastos, que le pasaron desapercibidos en conjunto de documentos puestos a su firma, que se efectuaba por bloques de documentos en los que estampaba rutinaria y mecánicamente su firma”. Es decir, que doña Águeda Montelongo firmaba lo que se le ponía delante sin tener –la pobre- tiempo para verificar si estaba o no firmando pagos ilícitos o un rasca rasca del Hiperdino. Hagamos las cuentas: si el año 2010 tuvo exactamente 251 días laborables y la señora Montelongo tuvo la pesada carga de firmar 1.000 documentos ese año, la media diaria no llega ni siquiera a cuatro, lo que le habría permitido al menos repasar si sus subordinados están invitando en nombre del Patronato a compañeros de partido a actos que ella misma organizaba en Fuerteventura. Qué buena coartada para todos los que están procesados por firmar lo que no debían. Platero es pequeño, peludo, suave y volador.

El interrogatorio de Salvador Alba

Hay algunas frases de la sentencia del caso Patronato que no merecen caer en el olvido, como esta: “ La valoración de la probanza del coacusado [Santiago Santana, auxiliar administrativo enchufado por el PP] no conduce al resultado probatorio pretendido por el Ministerio Público”. Lo que debe unirse, necesariamente, a las dudas que plantea el tribunal acerca de su testimonio en el juicio, donde el mismo coimputado afirmó tajantemente que fue Águeda Montelongo la que le ordenó tramitar esos pagos a favor de las cuchipandas de los altos cargos del PP. Sin embargo, en la sentencia se trata de debilitar el testimonio de Santana en la vista oral porque durante la instrucción manifestó que no recordaba, pero se imaginaba, que fue Ángela Montelongo la que le ordenó que hiciera las reservas y falsificara las memorias para hacer pasar a un senador, a un diputado y a un secretario regional del PP como personas dedicadas a la promoción turística de Fuerteventura. Son las “contradicciones” de Santana, entre sus declaraciones en la fase de instrucción y en la vista oral, las que animan al tribunal a echar por tierra estas últimas en una flagrante vulneración del principio de contradicción y defensa que hace que prime lo que se manifiesta en un juicio sobre lo que se declara en una instrucción. Esta tesis del tribunal reproduce prácticamente al milímetro el interrogatorio que durante el juicio efectuó uno de los miembros del tribunal, Salvador Alba, que sometió al coacusado Salvador Santana, a un duro interrogatorio que evidenciara precisamente esas contradicciones entre lo que estaba diciendo en aquel momento y lo que manifestó en la fase de instrucción ante la magistrada Carla Bellini. Es preciso resaltar, llegados a este punto, que de los tres magistrados que componían el tribunal, es Salvador Alba el único con experiencia en la jurisdicción penal gracias a su destino (ahora compartido con Instrucción 8 de Las Palmas de Gran Canaria) en la sección sexta de la Audiencia Provincial de Las Palmas. Alba fue el candidato de José Manuel Soria a la lista de vocales del Consejo General del Poder Judicial en la última convocatoria para formar el órgano de gobierno de los jueces. Vamos a dejarlo, de momento, en el ámbito exclusivo de las curiosidades que se reflejan en la panza de nuestro Platero.