Le ha tocado a Saavedra apechugar con uno de los lastres más pesados que se recuerdan en la hacienda pública canaria: una herencia de más de cien millones de euros solamente en agujeros negros y en sentencias condenatorias contra un Ayuntamiento que no gana una en los tribunales. Y no por carencias en sus servicios jurídicos, sino por acumulación de disparates políticos que se revelan ahora también ilegales. El público exige a Saavedra que cumpla con los compromisos que firmó en la campaña electoral barrio a barrio, aún a sabiendas de que no ha llegado al ecuador de su mandato. Lo raro es comprobar cómo graves problemas heredados que el actual gobierno municipal trata de resolver, como es el de Guaguas, le estalle en las manos con tanta facilidad. O tanta bisoñez, sin que se sepa exactamente qué es peor.