Hagamos una simulación. Pongamos que Félix Santiago se planta el día 31 en la Autoridad Portuaria y presenta en el Registro Oficial un escrito reclamando de modo formal que se anulen todos los acuerdos del consejo de administración adoptados sin su presencia. Y que repite sus argumentos legales, preparados por un prestigioso bufette de Madrid, ante el órgano portuario que preside Javier Sánchez-Simón. Además de la cara a cuadros que se le puede quedar a más de uno, se generaría una situación cuanto menos paradójica porque el primer acuerdo que habría que anular sería el que devolvió a Sánchez-Simón la competencia de reestructurar su equipo directivo. Y el primero que quedaría destituido sería el director, Daniel López, que tiene voto en el consejo. Todo se retrotraería a aquel famoso 13-12 favorable a los consejeros cercanos a las instituciones gobernadas por los socialistas. La que se puede armar.