Las personas que han tenido acceso a las actuaciones judiciales que se siguen por la Operación Eolo en el Juzgado de Instrucción número 7 destacan muchos aspectos sorpresivos. No vamos a referirnos a la ausencia de algunas personas muy mencionadas por varios imputados porque las investigaciones no han terminado y lo mismo hasta patinamos. Pero hay asuntos que ya no tienen discusión, como la constatación que hace la Policía de lo atrevidos que fueron los investigados en el uso de sus teléfonos móviles, a pesar de conocer la existencia de una denuncia penal interpuesta por Alberto Santana y aireada por algunos medios de comunicación. Los siete teléfonos que fueron intervenidos por orden judicial echaron humo durante los meses que duraron las investigaciones, y sólo pararon un poco en el verano de 2005 y a partir de enero de 2006. Llegado el año nuevo cundió el pánico.