La jueza que ha condenado a Ildefonso Jiménez, sin embargo, no ha dado crédito a esas investigaciones inconclusas, que están siendo merecedoras de un sumario judicial aún abierto, y ya ha dado por hecho que tales falsificaciones no existen, que Ildefonso Jiménez otorgó licencias porque le dio la real gana aun a sabiendas de que los técnicos las desautorizaban por contravenir el ordenamiento jurídico. Dice la juez Mónica Oliva que los políticos que estampan su firma al pie de una licencia han de leerse antes el expediente y revisar si hay algún tipo de gazapo, engaño, falsificación o, en el caso que nos ocupa, flagrante ilegalidad. Y tiene la razón la jueza, solo que resulta del todo irrealizable tal pretensión, no ya porque un concejal de cualquier pueblo pueda leerse un expediente técnico completo, sino porque es imposible que en la mayoría de los casos lo entienda. Si hay contradicciones entre los testigos, como las hubo, y una investigación abierta por presunta falsificación de informes en ese expediente de los alisios, y hasta una pericial de la Guardia Civil que apunta directamente al jefe de Urbanismo de Telde, José Luis Mena, como presunto autor de alguna falsificación que diera carta de naturaleza a la denuncia contra Ildefonso Jiménez, quizás hubiera sido más prudente esperar. Porque, ¿qué ocurriría si se sustanciara que Mena falsificó esos informes y en base a datos falsos Jiménez cometió el delito por el que ha sido condenado? La sentencia de la magistrada Oliva, dicho sea con todos los respetos, solo alienta a los gamberros, que desde este miércoles se frotan las manos pensando en la siguiente manipulación judicial. Y en lo descalificados que quedan los que han denunciado la corrupción en Telde.