La verdad es que José Miguel Bravo de Laguna eligió unas malas fechas para hablar de la politización de la justicia y de la judicialización de la política, según su óptica. Tiene razón cuando opina que se acude con demasiada frecuencia a los juzgados para dilucidar cuestiones políticas, pero si es así y ha sido así de modo recurrente la razón hay que buscarla en la desfachatez de quienes, habiendo sido descubiertos con la mano en el zurrón del gofio o protagonizando comportamientos inmorales, reclaman una resolución judicial firme para abandonar el machito. Y tenemos en su propio partido en Canarias casos y casos para pedir unas pizzas y que se nos haga de noche. Porque, probados los hechos y contrastados con una mínima plantilla de honradez y decencia, ¿para qué es precisa una sentencia judicial? Eligió Bravo un mal día para opinar sobre la cuestión porque poco después conocíamos que la Justicia ordenaba reabrir la causa por los presuntos espionajes propiciados desde la Comunidad de Madrid hacia dirigentes del PP. Y lo hacía ante los evidentes indicios de que funcionarios públicos contratados por Francisco Granados, mano derecha de la lideresa Esperanza Aguirre, habían utilizado medios públicos para espiar al vicealcalde de Madrid y al ex consejero de Justicia de esa Comunidad. La judicialización de la que se queja Bravo estuvo a punto de cesar porque Rajoy ordenó a los espiados que no recurrieran el archivo de la causa. Pero el PSOE mantuvo la acusación y ahora la juez tendrá que terminar la instrucción y mandar a juicio a los acusados. ¡El PP espiando a sus propios compañeros! ¿Qué es capaz de hacer con los adversarios, con los jueces que lo investigan o con los periodistas desafectos? Pronto lo sabremos.