El informe Villegas pasó casi desapercibido en la cita congresual de Adeje, por aquello de los ruidos de sables entre Cristina Tavío y Ángel Llanos, con el que se había posicionado el ex tesorero insular. Sin embargo, el contenido era de una contundencia brutal: cuestionaba el destino final de las cuotas de los afiliados de cada agrupación local tinerfeña, retenidas en la sede insular de Santa Cruz; ensalzaba la aportación al partido del grupo del Cabildo cuando estaba al frente Ángel Llanos (2003-2007) y cuestionaba el destino del dinero procedente de la Corporación insular cuando asumió el mando Antonio Alarcó, en mayo de 2007. Del Bragagate -esas facturitas de nada del grupo municipal de Tavío entre 2003 y 2007- no hay referencias específicas, pero el llanista Villegas tiraba a dar: “La presidencia ha usado a su libre albedrío los fondos económicos aportados por los afiliados y los cargos públicos, sin permitir el más mínimo control por parte de los órganos fiscalizadores establecidos para tal fin: el tesorero insular y el comité ejecutivo insular”. Y Madrid, sin entrar a indagar, le dio la razón en su derecho a criticar.