La reforma constitucional para poner límite al déficit público superó este martes, como ya saben, el primer trámite parlamentario. Y lo hizo con la esperada polémica y con los votos favorables del PP y del PSOE, el extraño absentismo de CiU y el voto abstencionista de Coalición Canaria. Votaron en contra los partidos minoritarios, como habían anunciado. Nada extraordinario en la Carrera de San Jerónimo salvo algunas expresiones más cercanas al oportunismo (Rosa Díez) y a la anacronía partidaria (Antonio Gutiérrez), y mucha apelación a la gravedad del momento y a la necesidad de adoptar medidas excepcionales. La línea editorial más responsable la mantuvo, pese a sus profundas diferencias con Rodríguez Zapatero, el periódico El País, que editorializó de manera severa a favor de la reforma y en contra de quienes defienden el referéndum, y remató la posición Felipe González con un clarificador artículo en el mismo periódico que complementa a la perfección el que hace unos días pudimos leer del ex primer ministro británico Gordon Brown. Todas las opiniones son muy respetables, y escuece mucho no poder refrendar en las urnas una decisión así, pero parecen haber prevalecido las voces que reclamaban una actitud firme y si se quiere impopular, pero en rigor la más efectiva para el momento dramático que vivimos. Nadie recordaba la reforma constitucional del 92, también impuesta por nuestra pertenencia a la UE y en aplicación de Maastrich. Se hizo sin referéndum y pasó sin pena ni gloria.